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| Editorial

La ética tiene sus costos y la clase política no lo entiende así…

Es evidente que los partidos políticos tienen dificultades para procesar los  casos de  denuncias de corrupción que implican a sus dirigentes.  Esto se ve en los  notorios episodios que enfrentan al presente, tanto al  Frente Amplio como al Partido Nacional. Algo que justamente, se está viendo reflotado en esta jornada de jueves, cuando el  actual Intendente de Soriano, Agustín Bascou debió comparecer  como indagado ante la Justicia por el caso de compras de combustibles por parte de su administración a la estación de servicio que es de su  propiedad.

Pero el caso, es que esas compras ya se venían efectuando desde  la anterior administración gubernamental de Soriano, cuando la comuna estaba dirigida por  el también  dirigente del Partido Nacional  y actual senador Guillermo Besozzi  y  Bascou era su primer suplente.  Por lo cual, la irregularidad,  que se entiende genera el presunto delito de conjunción de interés público-privada,  se venía desarrollando  prácticamente desde el anterior  gobierno municipal de Soriano. 

Como quien dice, Bascou,  se ubicó en varias oportunidades, desde 2010 al presente, en ambos lados del mostrador,   obteniendo un lucro que de  ético que se diga, nada tiene. Cuando su caso, fue considerado por la Comisión de Ética del Partido Nacional, tras varias idas y venidas,  el caso solo ameritó  una observación. Sin embargo, es innegable que el jefe comunal tiene su responsabilidad en un caso,  donde la Justicia debería actuar  y tras las actuaciones del debido proceso, determinar que responsabilidades le caben por ese eventual  delito donde se beneficiaba desde una privilegiada ubicación de poder.

Pero, la alegría, bien dicen que va por barrios,  tiene también su correlato poco favorable para la fuerza política al frente del gobierno nacional. Porque sobre todo en estos días, tenemos sobre el tablero de la opinión pública,  el  escandaloso caso que involucra al senador Leonardo De León. Este es acusado y fue juzgado lapidariamente  por el mismísimo Tribunal de Ética del FA, por  cobro de viáticos y cargar gastos que ya estaban cubiertos, en la tarjeta corporativa ya cuando actuaba como vice presidente primero y presidente después de ALUR.  Algo que también viene afectando a su líder Raúl Sendic por su actuación en Ancap.

ALUR, como se sabe, es  una empresa agroindustrial destinada a producir en base a plantíos de caña de azúcar  y granos,  biodiesel, bioetanol, químicos, alimento animal, energía y azúcar.  Es  una empresa integrada al  denominado “Grupo Ancap” por lo que fue capitalizada y financiada con dineros públicos provisto por la empresa petrolera y Pedevesa de Venezuela,  pero funcionando bajo normas de  empresa privada.  Amparándose en eso,  es que- si se quiere inmoralmente - De León, sostiene que no le cabe responsabilidad alguna en esos gastos, por los cuales se negó a dar mayores explicaciones al Tribunal de Ética del FA. Con esa chicana,  se manejó ante el  Fiscal Especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, quien consideró que  De León hizo un "uso discrecional" de las tarjetas corporativas, "sin rendir cuentas" por los gastos, y que "puede decirse" que incurrió "en conductas contrarias al principio de probidad de la función pública",  culminando para sorpresa de muchos, solicitando el archivo de la causa. Argumentó que  debía tenerse en cuenta como aspecto relevante, que  tanto Alur como empresa presumiblemente damnificada, como Ancap o el mismo gobierno central,  no habían formulado denuncia formal alguna contra la probada mala conducta de De León. En realidad el caso había tomado  estado público por  la denuncia impulsada desde el Partido Independiente.   Al presente, todos estamos esperando como finalmente en este tema,  laudara el Plenario Nacional del Frente Amplio, al cual, se le elevó el informe del Tribunal de Ética Política.  Por lo que ha trascendido hasta hoy,  hay negociaciones  para lograr un “gesto político” que descomprima el tema. Que se lo expulse del FA es más que difícil. No estarían los votos necesarios. Se llevó plata de manera indebida pero castigo real,  lamentablemente no tendría. Pero – para que nadie duda de principios -  si estaría  decidida la expulsión del ex Canciller Almagro, por sus expresiones condenatorias contra Maduro de Venezuela.  En el caso Bascou, las consecuencias, por medio de la actuación de la Justicia Penal, podrían ser  más costosas para el Partido Nacional.

La respuesta a  estas situaciones, finalmente sería su utilización durante la campaña electoral, que seguramente será muy dura. Material para ello, como vemos  hay más que suficiente.

 

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