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| Opinión

Un perfil ahora estudiado que se debe atacar

El profesor toma aire y lanza la sentencia. “Si quieren saber el perfil de la gente que compone la cárcel les digo que en un noventa por ciento está compuesta de hombres, de hombres pobres, sin educación, morochos y desdentados. Clarito.”

Hasta que salió un informe que lo subraya y le pone condimentos sociales que hay que atender. Hombres, con rezago educativo, provenientes de los barrios más pobres, principalmente de Montevideo y de hogares monoparentales, y que tienen o tuvieron a familiares presos. Así son los adolescentes que se encuentran privados de libertad en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), de acuerdo a un informe elaborado por técnicos de la Facultad de Psicología, el Consejo de Formación en Educación (CFE) y Unicef.

Pasemos parte de estos datos a Salto. No debe haber muchos de los presos que vivieran en el centro, o en la Costanera o que fueran a colegios privados. El relevamiento se realizó entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 en todos los centros del Inisa y fue publicado en octubre pasado. En total fueron consultados 265 de los 346 adolescentes privados de libertad, una cifra que representa al 77% del total de los internados.

El informe da cuenta que casi la mitad de los adolescentes relevados (42%) tenía familiares presos, mientras que más de dos de cada tres (67%) los había tenido en el pasado. Entre los familiares que estaban presos en el momento de la entrevista se destacan en primer lugar los tíos, abuelos y primos, seguidos de hermanos y padres.

La edad promedio de los adolescentes privados de libertad es de 17 años para los hombres, que representan el 97% del total, y 17,5 años para las mujeres. Más de la mitad de los internados es de Montevideo, mientras que el 44% vive en el interior. Dentro de la capital, se observa una concentración territorial de quienes vivían en los municipios A (Cerro, Cerro Norte, Casabó), D (Manga, Piedras Blancas, Casavalle) y F (Villa García, Villa Española, Flor de Maroñas), “que son los que presentan mayor porcentaje de hogares bajo la línea de pobreza”, señala el trabajo.

A su vez, el 45% manifestó que previamente había tenido "algún tipo de contacto con el sistema penal juvenil". Entre estos, 63 habían cumplido medidas de privación de libertad, 30 tuvieron tanto sanciones privativas como no privativas de libertad y 24 tuvieron medidas no privativas de libertad.

“El análisis muestra que al aumentar la edad crece el porcentaje de adolescentes que han tenido experiencias previas en el sistema penal juvenil. Esto parece mostrar que el cumplimiento de una sanción penal no necesariamente interrumpe las trayectorias delictivas, e incluso podría expresar lo contrario: que haber pasado por privación de libertad aumenta la posibilidad de reincidir. Si bien estos datos son preliminares y merecerían mayor profundización y seguimiento, parecen reafirmar lo que muestra la evidencia internacional: lejos de resocializar, el encierro desde corta edad tiene consecuencias graves para el desarrollo de los adolescentes y aumenta la probabilidad de que vuelvan a cometer infracciones”, agrega el texto.

El trabajo realizado por Mabela Ruiz, Diego Silva, María Gutiérrez y Lucía Vernazza, también indagó acerca de la educación de los internados y llegó a la conclusión de la existencia de “trayectorias educativas truncas”, ya que el 91% tiene dos años o más de retraso educativo. Además, 27 adolescentes manifestaron no haber terminado la escuela, mientras que 3 dijeron no haber ido nunca a Primaria. Al momento del relevamiento, solo el 3% estaba en el nivel educativo esperado para su edad, seguido de un 5% que había culminado el ciclo básico de Secundaria.

Estos datos son muy fuertes. Están hechos sobre una realidad que hay que cambiar, no se trata ya de partidos políticos en el poder sino de políticas de Estado que deben cambiar este panorama. Está estudiado y probado y sabemos de dónde sale gran parte de la delincuencia predatoria.