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| El Columnista

Justicia y Política

En estos últimos años se ha advertido en nuestro país y hermanos vecinos una creciente judicialización de la política. En Argentina y Brasil tiene ribetes insoportables en un marco de guerra de todos contra todos que de la política se traslada a los juzgados. En Uruguay en forma creciente, no basta la retórica y las urnas para dirimir los intereses políticos que se apela cada vez con mayor frecuencia a los estrados judiciales.

Es cierto que los delitos deben ser denunciados y seguramente con la afirmación de la institucionalidad democrática de nuestros países, es favorable a que la política no quede impune por las presuntas ilegalidades que comete. Pero, resulta difícil separar la paja del trigo, lo que es verdaderamente una denuncia sostenible a una operación política. La denuncia por el manejo del dólar a futuro en la Argentina contra la ex presidente Cristina Fernández,  ¿qué es, una cuestionada  medida de gobierno  y del Banco Central o un acto delictivo en perjuicio del Estado por millonadas? En el mismo sentido, la ruinosa administración de ANCAP de Raúl Sendic, tampoco es delito automático. Gastar por demás, tomar malas decisiones de inversión, hacer grandes fiestas tiene un costo político pero no explícitamente jurídico.

Consecuentemente a esta realidad está la pregunta sobre la capacidad el Poder Judicial de hacer frente a esta arremetida de casos muy complejos, con miles de expedientes y personas involucradas. Atenderlos adecuadamente, en tiempo y forma,  no es cuestión solo de magistrados y fiscales doctores en leyes sino de equipos  de profesionales especializados en variadas materias, que hacen el seguimiento de las causas, investigan, controlan, toman declaraciones; y todo esto en un contexto de escasez de recursos técnicos y económicos. Por eso, se supone las causas demoran mucho más que las expectativas de la ciudadanía. Los jueces tendrían la chance de no hacer lugar a las denuncias por improcedentes o falta de méritos, los ímpetus de los denunciantes y la cantidad de documentos presentados no son directamente proporcionales a la procedencia de las causas y su validez procesal. O, por el contrario, si las aceptan y les dan curso, entonces, la demora de todo el proceso a la que somos testigos y estamos acostumbrados. En muchos casos la validez de la causa está en el oportunismo de su presentación mediática ante la Justicia, después que sale de los titulares ya no importa.

Dicho lo anterior, también se debe considerar la sospecha sobre la completa autonomía e independencia del Poder Judicial. La experiencia indica, en todos lados, la permeabilidad con el poder de turno o con las corrientes ideológicas de moda. Bastó que cambiara el poder en la Argentina para que se liberara el cepo judicial contra la mafia kirchnerista, del primero al último. El llamado juez “tortuga” Casanello se volvió “liebre” luego de ganar Mauricio  Macri la presidencia. En Uruguay tampoco hay garantías plenas que por presiones directas o autocensura los procedimientos se lleven a cado diligentemente como correspondiera a pesar de todas las dificultades mencionadas. Las denuncias realizadas por la anterior administración,  por la compra ilegal de las chacras municipales; o las formuladas contra el departamento de turismo y Marcelo Fonticiella; ambas duermen plácidamente como Blanca Nieves, porque ningún príncipe encantado quiso besarla en 5 años de letargo.