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| Editorial

¿Protegiendo a los corruptos?

El presidente de la Junta  de Transparencia y Ética Publica (JUTEP) Ricardo Gil, confirmó al promediar la semana pasada que esa entidad analiza postergar sus fallos sobre denuncias contra políticos hasta después de las elecciones para  que sus fallos no se usen con  fines  electorales. Para nuestra opinión,  lo que se pretende es algo lamentable.  Concretamente proteger al corrupto para que no se vea  despreciado y castigado electoralmente por  su conducta. Algo que si miramos  que conducta tenía quienes  estaban en la oposición y  que hoy nos gobiernan,  seguramente no coincidiría  en nada con lo que  reclamaban. 

También es cierto que muchos códigos y ética nunca  tuvieron. Difamaron, hicieron correr rumores  y hasta no vacilaron en  falsificaron un fax para presentarlo como prueba de un dirigente político de partido tradicional.

Queda claro así, que lo que esta corriendo fuerte, las famosas  noticias falsas, mal intencionadas,  denominadas actualmente como  “fake news” no es nada nuevo en el ámbito político y en especial en la época electoral. Simplemente es practicar lo que en un dejo de honestidad inusual,  reconoció José Pepe Mujica, cuando declaró que él no vacilaría abrazarse a víboras y culebras, si de esa forma  lograba llegar al poder.  Así que las zancadillas, las puñaladas arteras,  la jugada sucia, no es ninguna novedad en el ámbito de nuestra- al presente .desprestigiada dirigencia política.

Por ejemplo, es notorio que comisión investigadora de la Cámara de Diputado, que trabajó durante meses y generó varios informes sobre el financiamiento de las campañas electorales ,  tras obviamente, no ponerse de acuerdo, cada uno apunto a sus oponentes.  Nadie – sobre el picante tema -   cayó en la iniciativa de hacer un examen de conciencia y de establecer que cuota de responsabilidad  poseen en el tema.  Según lo que trascendió de “fuentes responsables”, tanto desde el oficialismo como desde  la oposición se apuntó a los innegables vínculos con empresas privadas que tienen unos y otros y enviaron sus particulares conclusiones a la Junta de Transparencia y Ética Pública, el Poder Judicial, la Fiscalía y la Corte Electoral. Desde la JUTEP,  se  indicó que en esos casos eran otros los que debían encargarse de investigar. Algo que no resulta una

decisión novedosa y aislada. Desde que la JUTEP asumió de oficio el caso de Raúl Sendic y le  cuestionó el uso que el renunciante vicepresidente hizo de las tarjetas corporativas de Ancap, la “junta anticorrupción” empezó a recibir más denuncias, que en muchos casos,  interpretó  Gil, apuntaban a generar un hecho político y no a que se investigue una irregularidad o acción sospechada de corrupción.

Por ello,  en la JUTEP,  a las denuncias de políticos contra políticos no se las considera  prioritarias. Mucho menos en un año electoral como es el presente.

No se puede desconocer que  si algo quedo claramente es que en la región han explotado notorios casos de corrupción que determinaron la encarcelación en Brasil del ex presidente Ignacio Lula da Silva y de su sucesora Dilma Rousseff  y de ministros, legisladores  y hasta de quienes  denunciaron a Lula y Dilma… No hablemos de todo lo que ha pasado en la  Argentina, con los gobiernos  K y toda su dirigencia, ya alta, media o baja. Todos notoriamente  se enriquecieron a costa del empobrecimiento del  hermano país. ¿ Y por casa como andamos?

Todos tenemos nuestras sospechas y sensación de que aquí, muchos también han hecho de las suyas. Sino no se explica que tras una década y algo más, de exportaciones récord, el país como esta, endeudado y con un déficit fiscal, peor que en  la época de la crisis financiera  que  enfrentó como pudo Jorge Batlle.

En el caso de nuestro país, es cierto que la JUTEP, no puede recibir denuncias contra los candidatos en los tres meses previos a las elecciones, y el organismo evalúa cómo ampliar esa prohibición para que abarque a más acusaciones. Gil  desea que ese criterio se extienda pasada las internas, las nacionales y hasta el ballotage. Todo para desalentar las denuncias de políticos contra políticos y contra candidatos  en campaña.

También sostiene que  hay que diferenciar claramente  los episodios de corrupción que existen de los de mala gestión, que serian mayores que los primeros, admiten altos lideres políticos del  oficialismo actual.

El tema de la corrupción  y sus consecuencias en la ciudadanía, es un tema que pesa cada vez más  por lo que  seguramente – por suerte -  desde el próximo gobierno   esperemos que se designen para las empresas publicas a gente capacita e idónea y no a políticos fracasados  en su aspiración a cargos electivos para lo que no lograron el debido apoyo ciudadano.

En el Uruguay, si bien se posee una buena normativa, su aplicación y  castigos reales a los corruptos no  muestra resultados ejemplares. Más bien lo contrario y en los casos más graves, ha corrido como máximo, un procesamiento sin prisión…

La gente en general,  tiene claro que los mas corruptos  son los funcionarios públicos y los políticos. Pero,  no se tiene en cuenta que  quien alentó la inmoralidad de comprar  apoyo o ventajas en negocios o concesiones estatales, es un privado. Por lo que la Justicia debería aplicarse a los dos.

 

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