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| Opinión

Libres e iguales los hombres enajenan esa misma libertad

El pacto social que los hombres hemos hecho hace que todos entreguemos parte de nuestra libertad a cambio de un ente superior, que se llamará Estado, donde terminamos ganando más de lo que perdemos. Este pacto también hace que aceptemos los fallos de las instituciones que representan a este estado, por ejemplo la ley, la Justicia, las normas. Pero también debemos entender que a veces aceptamos cosas, creaciones humanas, como que fueran divinas. Y las naturalizamos cuando tenemos la potestad y el deber de cambiarlas.

La naturalización de la pobreza y la desigualdad supone romper con algunos de los supuestos filosóficos que fundaban el modelo contractualista elaborado a partir del siglo XVII en Europa y reelaborado por Rousseau en los finales del absolutismo, en los umbrales de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial.

El pensador ginebrino vio la limitación de planteamientos anteriores, como el del pacto de sujeción de Hobbes: si el gobernante está por encima de la ley y cuenta para ello con el derecho a ejercer la violencia según su arbitrio, entonces cualquiera puede con todo derecho levantarse contra él (Rousseau, 1980: 13). De ese modo no hay paz posible, los bienes y las personas no están asegurados. La seguridad no queda garantizada y el desequilibrio del sistema emerge tras la mueca de la muerte.

Por consiguiente, el pacto que sustenta la sociedad y el orden político debe ser de unión entre todos, a fin de que la ley permanezca trascendente para cada uno en sus intereses particulares. El núcleo del contrato propuesto por Rousseau, alimentado por un larvado utilitarismo, radica en que la coacción no es el agente más efectivo y eficaz en el ejercicio del poder, sino, por el contrario la persuasión; su ejercicio supone entonces adecuar las tácticas-técnicas de gobierno a las características de sujetos colectivos o individuales a quienes apunta, así como a apaciguar sus resistencias de modo imperceptible.

Esa mutación en la lógica del gobierno se sostiene sobre la ficción de que en el sometimiento de cada uno a la ley se obtiene más de lo que se aliena, puesto que lo que se extraña de sí mismo en la ley se reintegra a sí mismo y a todo un cuerpo social que, por ese mismo acto, nace (Rousseau, 1980: 21-23).

Producción de pobreza y construcción de subjetividad fundante de la comunidad política no puede ser de sumisión, sino de unión sometida a una ley universal y trascendente a todos los intereses particulares. Pero la trascendencia y universalidad de la ley se vinculan con la idea de que los sujetos pactantes son por esencia libres e iguales. Este concepto genera unas paradojas lógicas (Althusser, 1975) no resueltas por los contractualistas, que implican, en primer lugar, que, siendo todos los hombres libres e iguales, sin embargo deben al mismo tiempo enajenar su libertad al Estado para permanecer libres (Rousseau, 1980: 21-23). El Estado, por su parte, no existe antes de la enajenación de los sujetos, de modo que la misma es hecha a una entidad inexistente, que a la vez se crea en el acto mismo de la enajenación.

El ocultamiento de esa paradoja implícita en la idea de un pacto de unión hace a la legitimación misma del Estado, y parte de los supuestos acerca de la naturaleza racional y libre del hombre individual. Pero esta idea del hombre conduce a otra paradoja que pone en tela de juicio el poder del Estado. El ser humano se presenta como libre o determinado. Si el hombre es sujeto a determinismo, no puede ser libre, por ende no es punible. Si las conductas humanas no son punibles, no hay nada que justifique la actuación del Estado sobre las acciones del individuo. Pero, si el hombre es libre por naturaleza, tampoco hay nada que justifique la acción del Estado sobre él, justamente por el carácter inalienable de la libertad humana.