A ver si nos entendemos, el país y el departamento, y más Salto que el Uruguay, viven una seria crisis económica-financiera. El déficit fiscal es enorme, la capacidad de crédito agotada, la presión impositiva asfixiante, la competitividad económica comprometida, además de las consecuencias de la Pandemia, entre muchos de los males que nos afectan.
Tiene implicancia en el desempleo y calidad de vida de los uruguayos, en la actividad productiva, las exportaciones, la recaudación impositiva, en las inversiones generadoras de empleo…
Esto le pasa al país entero, por transitiva y peor aún al departamento de Salto. Sin embargo y a pesar del 60 por ciento de aprobación del presidente Lacalle y su gobierno, es creciente la movilización de la oposición progresista y gremios afiliados al PIT-CNT, públicos y privados, respecto a las condiciones del Presupuesto Nacional, el ajuste de recursos en varias áreas del Estado, la priorización de unos rubros sobre otros y el estado de emergencia sanitaria y económica. La coalición multicolor recibió del anterior gobierno un déficit mayor al 5% del PBI, que ya trepó a más del 6% por efecto de la pandemia. Todos los objetivos económicos de la actual administración se pasaron para el año que viene en función del estado de emergencia sanitaria y los gastos sociales derivados. Y ellos son recortes en muchas áreas de despilfarro, ineficiencia e impertinencia del gasto progresista del pasado reciente, cese de contratos, eliminación de superfluos, además de obras suntuosas o innecesarias. Además de ponerle tope razonable a la inversión en los sectores sensibles como la educación, la salud, la seguridad social, por mencionar algunos. No se puede pretender una atención de millonarios con una caja fuerte de pobres, cada cosa en su lugar. Y por ello el ajuste duele pero sana, lo que no arde, no cura. En el largo plazo, las medidas de hoy darán el resultado previsto de mejorar estructuralmente la economía nacional. Los que se quejan con tanta vehemencia no toman en cuenta la realidad de las cosas, y le piden a estos gobernantes lo que no hicieron tan graciosamente los 15 años anteriores.
Pero en Salto tenemos gobierno progresista, ratificado por la inmensa mayoría ciudadana. Se sabe que la situación económica es crítica y que la estabilidad actual está atada con alambres, bien a la uruguaya. Mucha deuda y mayor plazo es la consigna. Claro, si se quiere seguir en forma para el próximo quinquenio, con el criterio de no hacer nada más que maquillaje, chapa y pintura únicamente, sin tocar la esencia de la conducta o el motor del vehículo, entonces el camino al infierno estará empedrado de buenas intenciones. Fomento para bajar la fiebre, sin tocar las causas de la enfermedad, podría estafar sobre las perspectivas de vida del paciente. Moratoria de la deuda por un tiempo, o bajar significativamente su monto de repago anual, recibir dinero fresco en mejores condiciones que las anteriores, pueden ser el motivo suficiente para que el progresismo en funciones no tome medida alguna, cierta y efectiva para reestructurar a la intendencia de Salto como correspondería. Algo que debiera hacerse, por salud económica, por eficiencia en sus obras y servicios, por calidad de los trabajos realizados. Y ello supone el recorte del gasto político, las designaciones directas abusivas, la caída de direcciones, el reconocimiento que no es momento de tirar manteca al techo, de parar y bajar la mano, remitirse a lo esencial, bajar número de empleados y dejar de hacer cosas que no le corresponde o no son prioritarias para la intendencia. No hay más remedio, todo lo demás es ilusión del voluntarismo progresista que conducirá al fracaso más estruendoso.