El Poder Ejecutivo presentó ayer en la bancada legislativa del Frente Amplio un borrador de proyecto de ley para reforzar la capacidad punitiva y disuasiva de los organismos del Estado ante el accionar de empresas que como Uber y Airbnb utilizan sistemas informáticos para prestar sus servicios.

El proyecto plantea que a las empresas que no cumplen con las exigencias de registrarse, realizar aportes laborales y dar información sobre su actividad, el Banco Central podrá disponer que se "impida preventivamente las transferencia de fondos" y cualquier operación desde y hacia las cuentas incumplidoras.

La propuesta establece que cada organismo podrá disponer de la intervención de la fuerza pública para garantizar el cumplimiento de las medidas que se dicten.

La bancada del Frente Amplio analizará ahora si le hace cambios al texto y se espera que el proyecto ingrese formalmente a una de las cámaras a fin de mes.

El diputado frenteamplista Felipe Carballo, que ya había redactado un proyecto similar, considera que la iniciativa del Ejecutivo está en el buen camino, porque pretende generar un marco jurídico que va al corazón del asunto.

Quienes no cumplan con estos controles, autorizaciones, permisos, licencias y registros, se verán perjudicados en sus movimientos económicos, agregó el legislador.