Sin leyes no habría sociedades, sin justicia las leyes no servirían para nada. Si se la manipula, o se pierde la independencia entre los poderes, una república no tiene rumbo. Es caer en una gran confusión, donde todo se diluye, especialmente las responsabilidades. Algo o todo eso, es lo que está pasando en nuestro país. Porque una civilización y una sociedad, tiene su base, en el funcionamiento de la Justicia. Pero, cuando como sostuviera Mujica, lo político está por encima de lo jurídico, es cuando se avala, se justifica, la irrupción de la política, con sus tensiones, sus incapacidades y debilidades en el sistema judicial.

Es algo que entendemos nosotros, en esta visita realizada a Salto, planteo el renunciante fiscal Dr. Gustavo Zubia. Porque en el centro de esas tensiones se encuentran los fiscales, que son los primeros en recibir las denuncias, las investigaciones y los pronunciamientos, basados en el nuevo CPP. Que vaya si tiene “chicanas” que favorecen a la corrupción.

Lo que nadie puede pretender es que ocupando ese lugar en el escenario nacional, no se señalen gruesos errores, que afectan a la ciudadanía. Porque no olvidemos que sus pronunciamientos son casi inapelables.

En graves errores de juicio, a nuestro criterio, cayó por ejemplo el fiscal Luis Pacheco. No logramos entender como por hechos similares, que implican el uso de recursos para determinados gastos de manera duplicada, por vía de los viáticos y del uso de la tarjeta corporativa, deban existir criterios diferentes. Es el uso inapropiado de recursos públicos. Tanto Raúl Sendic como Leonardo De León notoriamente abusaron en esas situaciones.

No entendemos como tras Pacheco solicitar informes a la JUTEP que estaba estudiando el caso, al recibir el informe (lapidario para De León) lo ignorara y desechara. Allí, textualmente establecía: "En resumen, aún de aceptarse las explicaciones recibidas para los referidos puntos (en muchos casos insuficientes y sin que se adjunte ningún comprobante de respaldo del gasto efectuado) subsisten más de 130 gastos, por un importe total superior a los U$S 22.000, pagados con la tarjeta de crédito corporativa cuando se habían percibido viáticos para la respectiva actividad sobre los que no se recibió ninguna explicación".

Más claro imposible. El fiscal para justificarse, apuntó a que los gastos fueron por pequeños montos. Quisiéramos saber cual es el piso y el techo, para que en opinión de Pacheco, el despilfarro de dineros públicos se puede justificar.

Sorpresivamente, tras las lluvias de criticas a su accionar, decidió reabrir la investigación por el sobreprecio pagado por ALUR en la construcción de la planta de etanol de Paysandú. Al inicio de la suspendida investigación, apuntó a la Universidad de la República, que le habría solicitado U$S 370.000 para realizar el peritaje necesario…

Dato no menor, es que la misma empresa española Abengoa, en tiempos similares a lo que construyó en Paysandú, vendió cuatro (4) plantas de bioetanol similares en Europa. Pero, mientras la de nuestro país, esa solitaria planta costo U$S 150 millones, en Europa,  ese mismo costo fue para cuatro.

A ello hay que sumar los llamativos “premios” pagados por De León a la empresa española Abengoa por entregar la planta en fecha. Otro detalle a tener en cuenta es que la planta de Alur, produciría como máximo 70 millones de bioetanol por año y las plantas europeas están pensadas para producir hasta 800 millones de litros anuales…

Tras conocerse estos datos, no se entiende bien cual fue el argumento valido para no investigar y decidir su archivo.

Porque no se juzga con criterio realista. Todo basándose en “lagunas” jurídicas incomprensibles. Todo apunta para una real tomada de pelo a todos los uruguayos. Los fiscales, los jueces, están para representar y defender al mayor interés del país, en base a sus leyes. Lamentablemente, ahora parece que pesa lo político. Así estamos, y en parte gracias a “genios” como Mujica y sus especiales interpretaciones de lo político y al alcance sobre ello que tiene lo jurídico.