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| Línea Política por J.Jota

Tarjetas: Cuando los aranceles no bajan para que los bancos no se vayan

facalARANCELES – El tema de los altos aranceles que cobran las tarjetas de crédito y débito es un problema que afrontan los comerciantes en general ya que insumen entre el 2 y el 5% de los beneficios. Es algo a lo que hasta ahora se ha podido solamente maquillar, estableciendo un leve descenso.

 

 

 

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El hecho que en nuestro país tengamos los aranceles más altos de la región parece inexplicable para muchos, pero buscando respuesta en quienes son entendidos en el asunto como es el caso de Julio Facal (Yelpo y Facal Abogados) que representan precisamente a los comerciantes. Y entonces la explicación fluye y aparece una realidad que realmente sorprende a unos y no tanto a otros: “Los bancos no pueden seguir bajando los aranceles porque el negocio deja de ser rentable en Uruguay, argumentando que tienen altos costos para funcionar y hay muchos bancos que están a punto de decir que el negocio en el Uruguay ya no sirve”. “El Ministerio de Economía –agregó- a sabiendas de eso y con una ley incipiente de Inclusión Financiera en la que los bancos son prácticamente socios estratégicos  en esta bancarización generalizada, resulta fácil imaginarse que no se pueden dar el lujo de que se vaya un banco más del país”. Así de sencillo.

La explicación surge en el marco de apreciaciones realizadas por el profesional al hacer historia de lo que fue el proceso de bancarización tan rechazado por muchos, sobre todo por la obligatoriedad que establece la Ley de Inclusión Financiera y que concluye en estos días donde un proyecto que se encuentra en el seno del Parlamento contempla por primera vez otro que fracasó en 2011. Pero menos todo aquello que para los comerciantes serían importantes, como los aranceles que se dejan por fuera, las promociones, dispersión y la posibilidad de que el comerciante haga una diferenciación de contado y crédito”.

Facal destaca que los comerciantes “reclamaban primero que los aranceles siguen siendo los más altos de la región, segundo que no eran libres de establecer una diferencia entre contado y crédito, tercero los plazos en los pagos que tenían los bancos para pagar, lo que les significaba un costo operativo muy grande y cuarto, que el pos tenía un costo operativo muy grande. Luego está el tema de las promociones que se hacían los martes y miércoles no beneficiaban a todos los comerciantes por igual por lo que no había un principio democrático en las promociones y el comerciante que no accedía a una promoción ese día no vendía”.

No falta el apunte del entrevistado en cuanto a que “el proyecto de ley vuelve a fracasar en 2017 – 2018 y nuevamente el Ministerio de Economía sale a articular un supuesto acuerdo con los bancos y los comerciantes y los aranceles terminan bajando un poquito más ubicándose en el 4,2% y 1,8% para crédito y débito respectivamente. “Se hace un plan entre las gremiales, el MEC y los bancos segmentados por volúmenes de facturación”, con lo que no se logró el cuerdo empresarial.

“Los comerciantes dicen que esto no se va a cumplir porque se trata de franjas muy irreales por lo que están muy reacios. Además, los comerciantes cierran esta etapa porque consideran que es lo máximo que pudieron conseguir, quedando pendiente la reivindicación de que el comerciante sea libre de diferenciar el contado del crédito”, apunta Facal.

Los bancos y un sistema monopólico

facal2Pero se llega a esto después de una extensa historia con el reclamo de los comerciantes requiriendo el cambio de condiciones de las reglas de juego “a partir de que el sistema financiero se adueño del sistema de tarjetas de crédito. Porque hay que recordar que antes las tarjetas pertenecían a administradoras de créditos como Credisol, Créditos S.A., etc., privados que con dinero propio financiaban  compras de bienes y servicios, instaurando un sistema que viene de Estados Unidos en la década del 50, que es muy exitoso y que en el Uruguay empieza a prosperar en la década del 80 y el 90”.

Fue cuando Facal agregó que entonces “los bancos, intentando lograr nuevos clientes y nuevos recursos, comienzan a ver que este es un sistema interesante para adoptar porque les permite fidelizar una clientela que antes no tenían y abarcar más población”.

Recordó que “los bancos tenían un negocio muy riesgoso en la década del 80 donde el marcado financiero empieza a crecer, más costoso y toman para si el sistema de las tarjetas. Y acá cambian las reglas de juego porque lo que hacen los bancos es gastar ahorro público y a financiar un sistema que termina siendo monopólico”.

“Los bancos terminan monopolizando un régimen imponiendo las condiciones en forma casi unilateral, con un contrato único con cláusulas que no se pueden romper, con previsiones operativas importantes  como por ejemplo que no podían hacer la promoción contado, no podían diferenciar contado de crédito, con altos aranceles que antes del 2000 eran del 9 y el 10%, con diferimiento en los pagos terribles, pagando con 90 y 120 días y poniendo una serie de trabas que a los comerciantes les comienza a poner un costo muy grande”.

Después recordó que luego se empieza a regular un poco, cuando “el Banco Central comienza a exigirle mayor información para el usuario, se empiezan a acotar los intereses, porque los usuarios también se quejaban por determinadas cosas. Así el usuario, con la ley de Defensa del Consumidor y la Ley de Usura queda medianamente protegido”.

No obstante dijo que “el que queda entonces desprotegido es el comercio, como que la relación banco – usuario – comercio se empieza a cargar en la persona del comerciante. Entonces todos los costos pasan a ser solventados, para que el usuario tenga mayores beneficios, por el comerciante”.

“El comerciante reclama que está pagando el costo del sistema cuando se trata de un sistema que debe ser solventado por tres partes. Antes, los emisores le cobraban la comisión al usuario, el que hoy casi no paga nada, tiene descuentos fabulosos y quien termina pagando esto es el comerciante con altísimos aranceles”.

Apuntó que “en Uruguay, los aranceles en créditos siguen siendo los más altos de la región y están entre los más altos del mundo”.

“Luego –agregó-con la lucha en defensa de la competencia, en el Banco Central, etc. dio paso a la presentación en el 2011 de un proyecto de ley. Los bancos llaman al Ministerio de Economía y le dicen que por favor tranquen el proyecto de ley que ellos están dispuestos a bajar los aranceles”.

“Ahí se hace el primer acuerdo entre los comerciantes, bancos y Ministerio de Economía, haciendo este último de articulador, cuando en realidad no debería meterse en esta relación privada”.

Ante la amenaza de los bancos

Y la pregunta debe ser por qué el Ministerio de Economía se mete en esta articulación”.

“La respuesta es que se mete porque precisa a los bancos como socios estratégicos en la Ley de Inclusión Financiera. Concretamente no está dispuesto a que los bancos pierdan rentabilidad o amenacen con que se van a ir porque los necesita. Lo que sí debería regular el Ministerio de Economía es el tope de aranceles en las tarjetas, porque es el precio, es el sustitutivo del dinero y es como si el Estado no regulara la usura”.

Enfatizó Facal que “el Estado debería ponerle un tope a los aranceles como se hizo en Argentina donde se les dijo a los emisores de tarjetas de crédito que no pueden cobrar más del 3% de aranceles. Sin embargo en nuestro país no interviene en eso y lo hace articulando un negocio entre privados y comercios de forma de surfear para que los comerciantes estén un poco contentos y los bancos no se vayan”.

facal3Insistió en que “los bancos han amenazado que su negocio es poco rentable, el mercado en Uruguay no les da como en Brasil y Argentina”, considerando que “en Uruguay los costos operativos y los laudos salariales son muy grandes, lo que en un mercado chico la salida que queda es mantener aranceles altos, más allá de bajarlos en 2011 del 9 y el 10% al 4,5 y al 2,5% en crédito y débito y comienzan a aceitarse una serie de condiciones para avanzar en las reivindicaciones de los comerciantes.

Insistió el profesional que en este caso “por primera vez se regula el sistema de pago con tarjetas de crédito pero dejando afuera el tema aranceles, dispersión, promociones y posibilidad de que el comerciante diferencie contado de crédito. Y entonces continúa firme la posición en cuanto que estas pautas no son contempladas y quedan un pacto de caballeros con el Ministerio de Economía y los bancos estableciéndose franjas de aquí al futuro”.

“Los comerciantes dicen que esto no se va a cumplir porque se trata de franjas muy irreales por lo que están muy reacios. Además, los comerciantes cierran esta etapa porque consideran que es lo máximo que pudieron conseguir, quedando pendiente la reivindicación de que el comerciante sea libre de diferenciar el contado del crédito”.

“Entiende que es su negocio, que no puede estar encorsetado por un contrato de la tarjeta de crédito o la Ley de Inclusión financiera que le dice que no puede favorecer con una promoción a quien paga con el dinero de su bolsillo”, puntualizando Facal que “esto en Brasil fue condenada como una práctica abusiva”.

En definitiva, lo más reciente para informar es que se ha firmado “una especie de convenio macro con cuatro o cinco gremiales, sin participación por ejemplo de la Cámara de Turismo, la Asociación de Arrendadores de Vehículos sin chofer ni la de Hoteles” entre otras.

“Se logra una rebaja arancelaria que es muy escasa y lo que más le interesa a los comerciantes más que el débito es el crédito, porque es lo que más usa la gente como tarjeta de crédito, porque cuando hay una compra grande generalmente se paga en cuotas”.

El necesario organismo imparcial

Un aspecto no menor fue recalcado por el entrevistado y tiene que ver con que “la Asociación de Bancos ha dicho que no pueden bajar los aranceles porque entonces tienen que quitarle los beneficios a los usuarios. Y los comerciantes lo que dicen entonces es que los beneficios a los usuarios están siendo financiados con el costo que pagan los comercios”.

En cuanto al último proyecto, Facal señaló que “ya fue al Parlamento, es un proyecto macro en el que se define lo que es una y otra tarjeta (de crédito y de débito), regula el contrato con el comercio y dice que la Comisión de Defensa de la Competencia en la órbita del Banco Central será la encargada de revisar las promociones y los contratos con tarjetas de crédito para ver si hay alguna práctica abusiva”.

Puntualizó que “en materia de defensa de la competencia, de defensa del consumidor de servicios financieros, el Banco Central no es competente”, estableciendo que “no hay un organismo imparcial como en otros sectores” al tiempo que anunció que “la comisión de defensa de la competencia entiende que debe haber un órgano imparcial y el BCU no puede tener la función de defender a la competencia porque va a cuidar el negocio financiero y por lo tanto es muy difícil que tenga un rol objetivo en esto”.

 

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