La propuesta de la senadora demócrata Elizabeth Warren de imponer un impuesto a las grandes fortunas abre un debate hasta ahora dormido. El impuesto pretendería recaudar el equivalente al 1% del PIB de EE UU. Para sus defensores, el impuesto no tiene desperdicio.

Y, sin embargo, cuando la candidata a la presidencia estadounidense anunció su propuesta en enero, gente tan respetable como un Nobel de Economía y un exalcalde de Nueva York salieron a criticarla. El primero, Robert Shiller, por haber perjudicado sus posibilidades como candidata con un impuesto a la riqueza que hará “que la gente se vaya”. El segundo, Michael Bloomberg, por proponer algo “probablemente anticonstitucional”.

La reacción de Bloomberg parece comprensible ya que tiene una fortuna de 56.800 millones de dólares (50.488 millones de euros). El fundador de la agencia de noticias que lleva su nombre debería restarle 1.693 millones a su patrimonio desde el primer año si prospera la propuesta de Warren: un 2% para todo lo que supera 50 millones de dólares y un 1% para lo que sobrepasa los 1.000 millones.

¿Pero y la crítica de Shiller? ¿Se irán los multimillonarios con su dinero a otra parte? En cualquier país de la Unión Europea, la respuesta habría sido “tal vez”. En EE UU, y según el economista de la Universidad de Berkeley, Emmanuel Saez, no es tan fácil. Como explicó junto a su colega Gabriel Zucman en un artículo que fundamenta la propuesta de Warren, los estadounidenses que se van del país siguen teniendo la obligación de pagar sus impuestos en EE UU. La única manera de evitarlo es renunciando a la nacionalidad, una eventualidad que el plan de Warren contempla con un impuesto, bastante convincente, del 40% de su patrimonio neto.