Un importante grupo de profesionales universitarios, de todas las ramas, abogacía, notariado, arquitectura, economía, entre otros, del ámbito local,  están muy preocupados  por  la situación que se vive en el ámbito de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los  Profesionales.

Esta caja, es una organización que maneja fondos provenientes del aporte de sus afiliados, atravesando,  desde hace algunos años, una situación de creciente deterioro económico-financiera en perjuicio directo de sus afiliados, que han perdido derechos y recortes en los montos de sus  prestaciones.

Burocratización y malos manejos

Situación  que profesionales del medio,  explicaron a LA PRENSA se llega, por el discutible manejo de las inversiones realizadas y de la abultada plantilla de funcionarios con altas remuneraciones en una evidente e innecesaria burocratización. Así se nos detalla que al presente, cuenta con más de 130 funcionarios que perciben en promedio salarios superiores a los  $ 120.000, sorprendiendo el sueldo de su gerente general, que a la fecha  tiene un sueldo de $ 715.900,  remuneración superior a la del señor presidente de la República y a la de los ministros de Estado  y los señores legisladores, muchos de los cuales son aportantes al instituto.

También apuntan a una maestría para el gerente con un costo de más de US$ 7.000,  cuando  ya se alertaba de una “crisis”, que se agudizó a partir de 2015,  y de allí en adelante pasó a ser “cada vez peor” sin alentar estrategias para  incentivar que los más de 70.000 profesionales con declaración de no ejercicio, comiencen a aportar, como es deseable y vital. A la  situación señalada, con numerosos cuestionamientos, llevó a sugerencias y planteos que se entienden ayudarían a  mantener debidamente autofinanciado al organismo, lo que ha sido desoído, y hoy es el propio Directorio de la  Caja de Profesionales, la que advierte que la institución se encuentra en una situación delicada desde el punto de vista financiero, lo que obligará a una serie de medidas que se pretenden sigan cayendo sobre la masa de beneficiarios y aportantes. Lo que es rechazado por los profesionales.

Un reordenamiento funcional lógico

Apuntando a implantar una necesaria austeridad, dada la compleja situación económica por la que atraviesa la Caja Profesional, se reclama el recorte de personal excedente,  el recorte de salario a las reales posibilidades del organismo de su presidente y directores y planteando que se cumpla con la norma institucional, de que un profesional que no aporta a la caja, no puede ser miembro de su directorio como se ha estado dando.

Se entiende que la Comisión de Expertos creada en la LUC, que se encargará de buscar soluciones para todo el sistema previsional del Uruguay, que, lejos de ser un problema —como algunos han planteado— ha sido y es un pilar de la estabilidad nacional.  Consideran finalmente que el actual sistema político tiene la oportunidad histórica de resolver situaciones injustas que han perjudicado de quienes realizaron o realizan los aportes que sostienen la previsión social del Uruguay.