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Mas de una vez nos hemos ocupado del denominado “costo país” que complica a las mayorías de las actividades productivas, industriales y comerciales, porque nos convierte en una nación muy cara, con alta presión impositiva. 

Situación de la cual no logramos salir, porque los cambios, son siempre resistidos  e inevitablemente deberían comenzar por una Reforma del Estado, que hasta el presente nadie se ha preocupado realmente de iniciar.  Porque saben que tendría un costo político electoral, ya que alentaría la reducción de cargos en el Estado y pondría fin a los  ingresos innecesarios como se alentó durante los últimos gobiernos del FA que llegaron a  incorporar 70 mil nuevos funcionarios a la órbita estatal. Todo un récord, sin antecedentes cercanos. Reduciendo la plantilla de empleados públicos, y exigiendo eficiencia y productividad se lograría una reducción importante  en el  costo de  funcionamiento estatal lo que permitiría reducir tarifas de servicios y combustibles. 

Este último  ejemplo, se basa en la realidad que muestra Nueva Zelandia,  país que posee una refinería similar a la de Ancap, ubicada en la zona de La Teja en Montevideo. Ambas tienen una capacidad para refinar 50 millones de barriles de petróleo. La del pais de Oceania se maneja con 200 funcionarios,  un tercio de los que trabajan en la de Ancap.

Lo que señalamos, coincide con el reciente reclamo de Valeria Ripoll, dirigente de Adeom Montevideo,  quien públicamente reclamo que  la nueva administración del gobierno municipal de la capital, deje de inventar cargos para colocar militantes del FA.

Como en todos los órdenes de la vida, siempre hay gente trabajadora, responsable, cualidad que es parte de su “adn”,  y que son los que trabajan realmente en su función dentro del Estado. Responsabilidad que buena parte, no cuida, ni le interesa. Han asumido, que  poseen un cargo vitalicio y llegado fin de mes, con buena o mala marcha de la economía nacional, siempre cobrarán su sueldo y casi siempre,  estaran mejor que en la actividad privada.

Obviamente la primera responsabilidad en esta postergada reforma del estado, es de la clase política y sus contemplaciones para sus interesados entornos, muchos de ellos fracasados electoralmente a quien como premio consuelo les designan para cargos en el Estado. Sumados a esos acomodados, tras quince años de gobierno de izquierda, tenemos un sindicalismo que cada dia se parece más al argentino -peronista. Su dirigentes, se distinguen por  su  obesidad, generada en el buen comer y”dolce far niente”, porque su principal tarea,  es estar en  permanente licencia sindical, para así poder cumplir su función sindical de “ estar la orden, controlando las condiciones laborales e  informando a los compañeros si se alentaran medidas de lucha”. Una excepción es el dirigente Richard Read que además de dirigir al sindicato de la bebida, trabajó realmente en fábrica y claramente señaló que no le servían los compañeros vagos, incumplidores e irresponsables.  Uno lo compara con el de Antel, Gabriel Molina, que se fue de boca, cuando supo que presidencia para formar el Fondo Coronavirus por unos meses, recortó todos los sueldos altos del funcionariado estatal o de Placeres, dirigente sindical, diputado renunciante, tras el affaire Envidrio, donde la corrupción y manejo turbio, quedó más que en evidencia, terminando procesado por la Justicia Penal.

Sindicalismo “independiente” se pregona,  pero que no disimula el sesgo afín con el FA al  coordinar acciones y  actividades como la campaña de recolección de firmas para derogar la recién aprobada Ley de Urgencia Consideración  (LUC).  Ley que a su paso por el Palacio Legislativo,  votaron y aprobaron varios artículos los legisladores de la izquierda, que ahora cuestionan afirmando que  “recortan derechos” . Argumentos, que en general nadie profundiza, explica o informa como es debido. 

También pesa el manejo poco serio, derrochando millones de dólares, como se dio cuando gobiernos supuestamente  “progresistas”, pero que en realidad, no tienen nada de revolucionario y si mucho de improvisado, caprichoso y corrupto, como quedó demostrado con fracasados proyectos de explotación minera, puerto de aguas profundas, privatización y cierre de Pluna, y Alas Uruguay que antes de despegar ya era un fracaso, todo lo que le costó al Estado millones y millones de dólares. O el ejemplo que está dando la Intendenta de Montevideo, gastadora compulsiva de dineros públicos, si miramos lo que costó – y lo poco que se usa en esta pandemia -  su Antel Arena y su decisión de otorgar subsidios a artistas callejeros y ahora a los integrantes de la farándula  carnavalera de Montevideo. No quedan dudas, que  para derrochar dineros, son mandados hacer. Eso sí, obras e inversiones que le sirvan a la gente, que generen trabajo real y digno, que apunten a eliminar asentamientos, o apoyar sectores productivos para que sean mas eficientes y puedan exportar con mayor competitividad, pocos trabajan y se desvelan.

Esperemos que la  Coalición de Gobierno, superadas las urgencias y limitaciones de esta pandemia, encare, en definitiva, esta postergada reforma del Estado para que el país  sea mas justo, economico y  accesible para vivir como debería ser .

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