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Con la firma del Presidente José Mujica, el Poder Ejecutivo de la época dictó una norma sobre la ocupación de edificios públicos por parte de huelguistas. El gobierno entendió entonces que debía proteger “la totalidad de los derechos humanos fundamentales, entre los que se encuentra el derecho a la vida, (y) a la seguridad tanto colectiva como individual…”

En los fundamentos del decreto 354/2010, consideró que “la mayoría de los inmuebles donde tiene asiento la Administración se encuentra destinada a oficinas que tienen por objeto la promoción, desarrollo y salvaguarda de esos derechos y que su ocupación por parte de huelguistas interfiere y hasta eventualmente hace nulo el desarrollo de los mismos.”

La norma estableció que una vez que se hubiera intimado “la desocupación inmediata de los ocupantes bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública (…) de persistir la situación, se solicitará al Ministerio del Interior el desalojo inmediato de los trabajadores. Idéntico procedimiento se aplicará para aquellos casos en que los ocupantes no fueren funcionarios de la dependencia pública ocupada.”

Téngase en cuenta que no fue “el gobierno represor de derecha” el que tomó esta decisión, sino que fue dictado por mandatarios que provenían de la izquierda radical y subversiva.

Aunque la norma se actualizó recientemente, se ha tenido en cuenta que el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo ha observado reiteradamente al Gobierno uruguayo, acerca de que "el ejercicio del derecho de huelga y la ocupación del lugar de trabajo deben respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas…”

Así las cosas, ¿Por qué razón continúan cada vez con más frecuencia las ocupaciones como forma de protesta de edificios públicos destinados a la enseñanza? ¿Por qué se busca la confrontación por medio de la provocación sin respetar las normas existentes? Esta es la hora en que las palabras del prestigioso profesor Dr. Aníbal Barbagelata deberían llamar a la reflexión.

Decía en su breviario “La Democracia”: “Es menester que el derecho se cumpla siempre. Se cumpla por el propio Estado y se cumpla por todos, y muy especialmente, por los que disponen, aún de manera legítima, del gobierno y del poder y por los que, sin tener el gobierno y el poder, para el ejercicio regular de sus funciones se sirven de la fuerza material, que son los más expuestos a la tentación de pasar por sobre las barreras normativas.”

Agregaba el maestro que “El derecho se tiene que cumplir y se tiene que cumplir por todos…” Con gran sabiduría nos decía que “La legalidad es la adhesión y el acatamiento reflexivo- por convicción racional- al Derecho y que se convierte luego, a menudo, además, en un sentimiento.”

Ojalá que sus enseñanzas sean escuchadas por todos.

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