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La búsqueda del crecimiento económico con redistribución del ingreso es una vieja prédica de varios movimientos sociales que no se anclan solo en la izquierda o los gremios. Es transversal y es, además, una batalla cultural, o debate cultural, que el sistema debería darse.

¿Cuáles fueron las razones que permitieron estos cambios, que implicaron un avance general en las condiciones de vida de la clase trabajadora? Sin duda, las transformaciones no se produjeron en la actividad económica, ya que las economías crecieron en ambos periodos, pero mientras que bajo el modelo liberal el crecimiento fue acompañado de concentración del ingreso y empeoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de la clase trabajadora, en los años 2000 tuvo como contrapartida mejoras distributivas y en la calidad de vida. Nuestra visión es que las causas de estos cambios de tendencia estuvieron en la superestructura de la sociedad, es decir, en las definiciones de política pública que los sustentaron y en las correlaciones de fuerzas entre el capital y el trabajo. Si bien las realidades nacionales son diferentes, en líneas generales podemos resumir las transformaciones de carácter estructural e institucional en un conjunto de políticas que involucraron:

- Negociación colectiva de las condiciones salariales y de trabajo; - reformas universales en el acceso a bienes sociales, en especial salud y educación;- importante aumento del nivel educativo medio de los trabajadores;- políticas de mayor control de la informalidad en el trabajo;- mejoras de salarios mínimos, que sirvieron de base a las negociaciones por rama de actividad e impulsaron mejoras en los salarios de las ramas con menores niveles de ingreso, como el trabajo rural y doméstico o sectores del comercio y los servicios.

Políticas públicas y regulación laboral. Es interesante mencionar los cambios en política de relaciones laborales que ocurrieron en el Uruguay en esta época.

A partir de marzo de 2005 en Uruguay, con la instalación del nuevo gobierno comenzó una reforma laboral cuyo resultado fue un nuevo Sistema de Relaciones. Dicha reforma ratificó la postura del gobierno de negociación colectiva. Su implementación tuvo como fundamento dos acciones: la decisión política de volver a convocar a los Consejos de Salarios (nueva Ley de Consejos de Salarios Nº 18.566) y la promulgación de la ley de Libertad Sindical (N° 17.940).

Estas decisiones estuvieron orientadas principalmente a hacer realidad, para todos los uruguayos, el derecho constitucional a sindicalizarse. A partir de estas leyes, la reforma se fue consolidando como un proceso caracterizado por una continuidad de activación de mecanismos de protección de los trabajadores, basados en la promulgación de un abanico de leyes ligadas a sus derechos; leyes cuya mayoría recoge viejas aspiraciones del movimiento sindical.

La convocatoria a los Consejos de Salarios como primera decisión del gobierno, en marzo de 2005, implicó la reactivación de un mecanismo de negociación de larga data en Uruguay, instalado por primera vez a través de la Ley 10.449 de Consejos de Salarios del 12 de noviembre de 1943. Desde esta fecha, Uruguay dispuso de un escenario institucional de encuentro periódico para negociaciones de trabajadores y empresarios, con presencia del Poder Ejecutivo, desde donde definir los procedimientos y los contenidos de los acuerdos y desde donde establecer la fijación de salarios mínimos por categoría y por grupos profesionales.

Estos cambios institucionales, que posibilitaron las mejoras antes mencionadas, se plasmaron en reformas estructurales que modificaron la forma de regular la actividad económica y social desde el Estado en el plano social y laboral. Estas reformas habilitaron, al mismo tiempo y en la mayor parte de los países, un crecimiento de la actividad sindical, que tuvo como correlato leyes de negociación y de libertad sindical que generaron una nueva correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo muy distinta de la prevaleciente durante los años 90 y, en la mayor parte de los países, amparada en un cambio en la concepción del Estado.

Por ello reafirmamos lo dicho anteriormente: fueron las condiciones de la superestructura (las políticas públicas y el desarrollo de las luchas de los trabajadores) los elementos que transformaron el crecimiento económico en un modelo distributivo e incluyente.

 

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