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Como fuera dicho en columnas anteriores, el derecho a la protección de datos personales es un derecho humano amparado en la Constitución de la República y en la Ley Nº 18.331. La imagen y voz captadas por cámaras de videovigilancia son datos personales, y como tales, están protegidos por la normativa referida. En función de ello, esta columna analizará en apretada síntesis el ámbito legal y las cuestiones prácticas de la videovigilancia en lugares de trabajo para que el lector tenga en cuenta a la hora de instalar estos sistemas en el caso de ser empleador, o bien para ejercer sus derechos en el caso de ser empleado.

La normativa laboral establece que el empleador, en ejercicio de su poder de dirección sobre la empresa, puede adoptar medidas que permitan controlar a sus dependientes. Esto incluye indudablemente, instalar sistemas de videovigilancia.

Como criterio general, las cámaras se pueden instalar en cualquier lado, aunque con ciertas limitaciones. No se puede instalar cámaras en locales sindicales, baños, vestuarios o similares, espacios de descanso, comedores, y cualquier otro sitio que pueda invadir la intimidad de los empleados. Tampoco se pueden registrar conversaciones privadas.

Una vez que el sistema haya sido instalado, se debe registrar la base de datos que se genera, en la web de la Unidad Reguladora de Datos Personales, designando los representantes que realizarán el trámite de inscripción y determinando quiénes son las personas autorizadas para acceder a las grabaciones.

Un punto bien importante, y puede ser crucial a la hora de probar hechos en un proceso judicial, es que el empleador debe informar a los empleados que se instalarán cámaras, dónde se van a instalar, si captan imágenes y/o voz, el tiempo de conservación de las imágenes y cómo ejercer sus derechos. Esto no quiere decir que el trabajador deba prestar su consentimiento, es a título informativo.
En ese sentido, se puede ver la Sentencia N° 213/2022 del Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 3er Turno que manifestándose sobre una demanda de despido indirecto dispuso “El incumplimiento relevado por el Sr. Juez consistió en que la misma (demandante) no fue informada, no sólo de la existencia de las cámaras, sino principalmente de la finalidad de las mismas. A lo que la demandada estaba obligada conforme lo dispuesto en el Art. 13 literal A de la Ley 18.331.”

Queda de manifiesto la importancia práctica que puede tener en un recinto judicial el cumplir con la obligación de informar.
Una vez colocadas las cámaras e informados los trabajadores, se debe colocar señalética en lugares visibles informando que es área videovigilada e indicando el nombre del responsable y el lugar donde las personas pueden ejercer sus derechos. Esta señalética se puede descargar de la web de la Unidad Reguladores de Datos Personales.

Según la normativa, el sistema de grabación debe estar ubicado en un lugar de acceso restringido y sólo accesible a personal autorizado.
Si el servicio de vigilancia es contratado con otra empresa, es recomendable suscribir un contrato entre la empresa y el empleador en el que se establezca quiénes son los encargados de acceder a la información y todas las condiciones de prestación del servicio.

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