Hay errores en política que se explican por ignorancia, otros por ansiedad, y algunos —los más graves— por el viejo vicio del poder: la tentación de reescribir la realidad para colocarse en el centro del relato nacional. Eso es exactamente lo que hizo la senadora Blanca Rodríguez al afirmar que fue el Frente Amplio quien “instaló la política social” en Uruguay. Una frase que no resiste el menor contraste con la historia, pero que revela algo más profundo y preocupante: el avance de un espíritu refundacional que conduce, inevitablemente, al negacionismo.

En este país, con apenas dos siglos de trayectoria independiente, no hay espacio para mitologías fundacionales fabricadas en un comité. La historia social del Uruguay está documentada, estudiada y vivida por generaciones. No es un campo nebuloso donde cualquiera puede plantar su bandera. Sin embargo, desde un sector del oficialismo se insiste en un discurso que pretende que todo lo bueno nació con ellos, que antes había vacío, improvisación o desinterés. Como si Uruguay hubiera despertado de un largo letargo recién en 2005. Como si los uruguayos fuésemos desmemoriados o, peor aún, incapaces de comprender la magnitud de las conquistas sociales previas.

Las declaraciones de la senadora no fueron un desliz: fueron una señal. Una señal de desprecio hacia la línea del tiempo de un país que construyó, durante más de un siglo, un Estado social sólido, progresista, inspirado en valores republicanos e impulsado por gobiernos de distintas orientaciones. Basta recordar que el Uruguay batllista instaló la legislación laboral, la educación pública, el sistema de salud estatal, las cajas de jubilaciones, la protección de la infancia y una estructura de amparo social inédita en la región. Negar esto no es un error: es un acto político deliberado.

Por eso la respuesta de legisladores opositores fue tan firme. No porque les ofenda la retórica oficialista —las polémicas son parte del juego democrático— sino porque se cruzó una línea roja: la manipulación de la memoria colectiva. La política social uruguaya no es patrimonio de un partido. Es un legado acumulado que costó décadas de decisiones difíciles, de debates, de reformas impopulares y de consensos que sobrevivieron a gobiernos blancos, colorados y frenteamplistas. Pretender borrar esa construcción histórica con una frase es un intento infantil de falsificación.

Pero lo más grave no es la frase en sí. Es el mensaje implícito: que la ciudadanía puede ser tratada como un auditorio dócil, dispuesto a aceptar cualquier relato si viene envuelto en el tono solemne de un discurso político. Que la gente no conoce su historia. Que todo se puede manipular sin consecuencias. Ese desprecio a la inteligencia ajena es, en esencia, un gesto autoritario. Es creer que se puede moldear la identidad nacional a conveniencia, que la verdad es maleable y que los adversarios, simplemente, no cuentan.

Y aquí aparece el verdadero riesgo: cuando un gobierno o un partido empieza a atribuirse la fundación de todo lo bueno, inevitablemente necesita fabricar culpables para todo lo malo. Esa es la lógica del refundacionalismo. Y esa es la antesala del negacionismo: negar la historia para justificar el presente, negar los méritos ajenos para amplificar los propios, negar la realidad para construir un relato de poder.

El Uruguay no necesita refundadores iluminados. Necesita dirigentes que respeten la continuidad histórica, que entiendan que los logros sociales son resultado de generaciones de esfuerzo y que nadie tiene derecho a apropiarse de lo que es colectivo. La política es debate, ideas, propuestas. No es borrar el pasado porque incomoda al relato partidario.

En este país, la historia importa. Y quien la desconoce —o, peor aún, la manipula— demuestra que no está a la altura del cargo que ocupa.