El tema de la Central Hortícola del Norte vuelve a ser motivo de discusión en la Junta Departamental, generando consenso y unanimidad entre los actores políticos. Un nuevo proyecto de decreto busca prorrogar la entrada en vigencia del decreto 7572, votado en noviembre de 2023, que establecía una zona de exclusión para los operadores mayoristas de frutas y verduras a partir del 1 de marzo de 2024.

 Este nuevo proyecto propone extender dicho plazo hasta el 1 de julio de 2025. Esta iniciativa deja en evidencia la falta de previsión de los legisladores, quienes reconocen haber desconocido la realidad del sector al momento de votar el decreto original. Ahora, se ven en la necesidad después de pedir  disculpas a los operadores y productores afectados,  postergar la aplicación de la zona de exclusión. La inversión en la Central Hortícola, valuada en varios millones de dólares, ha sido motivo de controversia y postergaciones.

 La incertidumbre en torno al monto exacto de la inversión ha generado debate, ya que diferentes fuentes han mencionado cifras divergentes. Mientras la Mesa Hortícola de Salto habló de 5 millones de dólares, el Ministro de Ganadería mencionó 7 millones. En una entrevista reciente, el empresario Francisco Blardoni, responsable de la ejecución de la obra, afirmó que la inversión ascendió a 6 millones de dólares.

Este jueves, los ediles volverán a discutir este tema en la Junta Departamental. Algunos de ellos, que anteriormente votaron a favor del decreto 7572/23, han expresado disculpas por su decisión, reconociendo que desconocían las implicaciones para el sector. La incertidumbre en torno a la inversión y la gestión de este proyecto clave para Salto continúa siendo un tema relevante en el ámbito político y económico de la región.

Según la investigación de LA PRENSA, el nuevo proyecto de decreto, que busca prorrogar la entrada en vigencia del decreto 7572/23 hasta el 1 de julio de 2025, cuenta nuevamente con el apoyo unánime de todos los partidos políticos. Sin embargo, consultados por este medio, algunos operadores del rubro indicaron que, si bien han logrado postergar el tema, su postura no ha cambiado, especialmente teniendo en cuenta que una empresa multinacional recién instalada en Salto ha recibido una excepción de 30 años para su funcionamiento.