¿Qué quiso hacer Luis Batlle el 2 de mayo de 1950 al enviar un mensaje al Poder Legislativo proponiendo la creación de las Obras Sanitarias del Estado (OSE)? Busquemos las respuestas en el diario de sesiones de la Cámara de Representantes del 15 de abril de 1952. Curiosamente, el organismo no fue concebido como un ente autónomo, en tiempos en que tanto los Bancos del Estado, como ANCAP y la UTE tenían un saneado prestigio. En este caso, el Poder Ejecutivo consideró que “… no es éste un organismo más de carácter industrial o comercial, sino que debe ser conceptuado un servicio público de higiene, de contenido eminentemente social. Quiere decir que no se trata de la administración de un patrimonio, por lo que sea lógico obtener lucro, o aumentar la riqueza del Estado, sino que su finalidad es cumplir con funciones primordiales para la colectividad, cual es tanto el suministro de agua potable como la red de alcantarillado…”.

Téngase en cuenta que, a diferencia de los lejanos días de Maracaná, en la actualidad, la cobertura del agua potable alcanza casi a un 99% en todo el país, razón por la cual, es posible avanzar en la consagración de un derecho fundamental como lo es el suministro de agua potable por medio del “mínimo vital”.

Batllismo adelantado

El batllismo se adelantó a su tiempo al concebir los fines sociales de la OSE, ya que recién en noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas adoptó su Observación General Nº 15 sobre el derecho al agua, estableciendo que “El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”. Además, en abril de 2011, el Consejo de Derechos Humanos reconoce, mediante su Resolución 16/2, el acceso seguro al agua potable y al saneamiento como un derecho humano: un derecho a la vida y a la dignidad humana.

El mínimo vital es aceptado en naciones como Colombia, donde el suministro a personas de debilidad manifiesta, es protegido por la jurisprudencia constitucional, ya que la Corte ha construido una línea sólida del derecho al agua respecto a la suspensión del servicio por falta de pago. De hecho, en países como Sudáfrica, la asignación gratuita de agua es el primer “bloque” de precios, y si el consumo supera los 6000 litros de agua por mes se cobra sobre la base de otros bloques de tarifas ascendentes.

OSE sin fines comerciales o de lucro

Para entender y promover esta conquista social, debemos tener presente a Luis Batlle, quien planeaba que la OSE debía “… de actuar, no con el celo industrialista o comercial, no con el interés de aumentar el patrimonio financiero del Estado, o de ostentar un balance floreciente, sino con la atención puesta en el cumplimiento de la misión fundamental de impulsar los servicios de agua y saneamiento en todos los rincones del país, a sabiendas que en la mayor parte de los casos han de ser prestados a pérdida, pero contribuyendo en cambio a asegurar la higiene y la salud de la población.”

Tarifa simbólica

Las últimas administraciones, con sensibilidad y buen criterio, cobran una tarifa simbólica a muchas viviendas de barrios carenciados o familias en áreas de contexto crítico. Pero hay una franja que nunca se ve favorecida, y son las familias de clase media, las que, por una razón u otra, también pueden pasar por momentos de dificultades económicas y verse en aprietos- sobre todo en el interior- para satisfacer el costo de las facturas del Servicio Descentralizado.

Mínimo vital sin costo

En Uruguay, para cumplir con el legado batllista, sería necesario dar un paso más en esta materia, eso implica que OSE debería facturar sus servicios luego de proporcionar el “mínimo vital”. Es decir, que los primeros cinco o seis metros cúbicos de agua potable deberían ser gratuitos en cada contador familiar. Lo que no se facture por este concepto, se recuperaría ajustando costos en los consumos más altos.