En Salto, dos casos recientes pusieron en evidencia un problema serio: la falta de respeto por la privacidad y la reserva que deben mantener todos los funcionarios públicos, incluso aquellos que ya no están en el cargo. Estas situaciones mostraron cómo la justicia administrativa se mezcló con una exposición pública que casi llegó a ser un escrache.

En un caso, un ex intendente colorado fue inhabilitado para conducir tras dar positivo en un control de alcoholemia. La grabación del operativo, hecha por una funcionaria para protegerse, se viralizó en redes sociales. En el otro, un ex secretario general del Frente Amplio cometió una infracción de tránsito y su nombre, foto y resultados fueron difundidos rápidamente en un medio local. Los dos casos solo implicaron faltas administrativas, no delitos, pero la exposición pública sin filtro exige que reflexionemos sobre la responsabilidad y el respeto que se debe tener hacia la privacidad y dignidad de quienes están en estos procedimientos.

Además, la Ley 19.121 —que es el estatuto de los funcionarios públicos de la administración central— en su Artículo 29, numeral 7, también señala que los funcionarios deben proteger la intimidad y evitar la difusión indebida de información que pueda dañar la dignidad de las personas.

De manera similar, el estatuto de la Intendencia de Salto y el de la Junta Departamental contienen las mismas disposiciones. La reserva no es un capricho, sino un derecho y una garantía para que cualquier persona, relacionada o no con la función pública, tenga la seguridad de que sus datos personales no serán usados ni difundidos sin permiso legal. Lo preocupante es que estos casos también muestran diferencias en la forma de aplicar las normas. Por ejemplo, en un operativo municipal se retuvo el vehículo, mientras que en otro operativo de la Caminera se permitió seguir circulando con otro conductor, aunque se aplicaron multas en ambos. Esta falta de uniformidad genera inseguridad y dudas sobre qué norma debe seguirse, recordando que la ley nacional siempre debe primar sobre normas departamentales.En un país pequeño como Uruguay, la confianza en las instituciones es clave.

Cuando se difunde información sensible de figuras públicas sin razones legales claras, se pone en riesgo la privacidad y la dignidad de esas personas. Si esto pasa con ex jerarcas, ¿qué puede esperar un ciudadano común? Esto debilita la confianza en las instituciones y abre la puerta a la arbitrariedad y al escarnio público. La lección es clara: transparencia no es sinónimo de escrache ni difusión irresponsable. La ética pública requiere un equilibrio que sancione faltas pero respete siempre la dignidad y la reserva que protegen a todos. En definitiva, lo que está en juego no son solo las multas o el retiro de vehículos, sino la confianza que los uruguayos depositan en sus instituciones. Sin respeto por la privacidad y la reserva, la función pública pierde legitimidad y vulnera derechos fundamentales.