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Cada vez son más los informes de distintos organismos internacionales que denuncian los atropellos ejecutados por la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Este martes Amnistía Internacional (AI) publicó su estudio anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, en el cual denunció nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y casos de torturas en el país caribeño.

“En la crisis continuada de derechos humanos que sufría Venezuela se recibieron de nuevo noticias sobre ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza y homicidios ilegales cometidos por las fuerzas de seguridad”, señala el informe, que también da cuenta de nuevos reportes de “tortura y otros malos tratos y desaparición forzada de personas detenidas arbitrariamente”.

En esa línea, la organización internacional notó que “la detención arbitraria siguió formando parte de la política de represión contra la disidencia”. De acuerdo a datos de la ONG venezolana Foro Penal, hasta octubre del año pasado se habían reportado 413 detenciones por motivos políticos, mientras que la cifra en abril asciende a 320. AI indicó que este tipo de aprehensiones aumentó tras la declaración del estado de alarma por la pandemia de coronavirus.

“Además de los activistas políticos, 12 profesionales de la salud que criticaron públicamente la respuesta del gobierno a la pandemia sufrieron detenciones breves y, posteriormente, restricciones. Se utilizó la pandemia de COVID-19 para restringir la notificación de las detenciones, por lo que las familias de las personas recluidas se veían obligadas a depender de información no oficial sobre su paradero”, apuntó la ONG que vela por los derechos humanos.

A su vez, responsabilizó de las ejecuciones extrajudiciales a los cuerpos de seguridad del régimen chavista, entre los que se cuentan las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Recordó, además que, según, un informe de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU el año pasado, en el país caribeño se registraron al menos 2.000 muertes en operativos de las fuerzas de seguridad de la dictadura.


Otra práctica represiva que mantuvo el régimen de Maduro durante el último año fue la desaparición forzada. A los detenidos por motivos políticos se los sometió a largos períodos de incomunicación, como los casos de los congresistas Renzo Prieto y Gilber Caro.

“Continuaron llegando informes sobre el uso de la tortura para obtener confesiones o declaraciones incriminatorias. La OACNUDH documentó 16 casos en los que se denunciaba el uso de métodos tales como palizas, descargas eléctricas, asfixia y violencia sexual. La Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela informó sobre el uso de métodos de tortura cada vez más violentos por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), así como sobre el uso de instalaciones clandestinas por parte de la DGCIM”, agrega Amnistía Internacional en el reporte.

La organización internacional cuestionó, además, que las autoridades chavistas “no investigaron las denuncias de tortura y otros malos tratos”. Por el contrario, estos “quedaron impunes”.


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