En Nicaragua, el Congreso aprobó ayer una ley que permite juzgar a quienes cometan acciones contra el gobierno de Daniel Ortega, incluso si están en el exterior.  Una reforma al Código Penal, aprobada por unanimidad, impone penas de hasta 30 años de prisión para quienes promuevan sanciones contra el gobierno de Managua, un delito tipificado como "menoscabo de la integridad nacional" cuya interpretación queda en mano de los tribunales, señalados -igual que el Congreso- de estar controlados por Ortega. La reforma, que entrará en vigor al ser publicada en el diario oficial, establece que también pueden ser sancionadas empresas y ONGs.

La norma abarca a nicaragüenses y extranjeros e incluye la posible confiscación de bienes. Fue aprobada el mismo día en que la ONU advirtió del "grave" deterioro de los derechos humanos en Nicaragua desde el año pasado, con un aumento de detenciones arbitrarias, malos tratos y persecución a todos los "percibidos como disidentes" por el gobierno de Ortega.

Para la oposición nicaragüense, exiliada mayoritariamente en Costa Rica, Estados Unidos y España, la reforma al código penal busca dar un marco jurídico a las prácticas "represivas" de Ortega contra la disidencia. "Permite al régimen perseguir a cualquier persona, sin importar si se encuentran en Nicaragua o no, y sin necesidad de su presencia en los juicios, consolidando así un marco jurídico que respalda estas prácticas represivas", dijo el excandidato presidencial Félix Maradiaga, exiliado en Estados Unidos.

Aseguró que Ortega de este modo "extiende su alcance represivo a nivel internacional" para "silenciar a la oposición en cualquier lugar del mundo".  Maradiaga advirtió que las nuevas normas no son "compatibles con el derecho internacional" y que tienen "graves contradicciones" con la Constitución de Nicaragua.  Mientras tanto, la diputada oficialista María Auxiliadora Martínez afirmó que "estas reformas están encaminadas a fortalecer la labor de las instituciones” de Nicaragua.