El diferendo entre el Grupo Vía Central y el gobierno uruguayo respecto al pago de US$ 160 millones por los servicios prestados en el proyecto Ferrocarril Central es mucho más que una simple disputa contractual: revela las falencias en la planificación, ejecución y supervisión de una obra clave para el país. Las responsabilidades se reparten entre dos administraciones, y el resultado es una incertidumbre que afecta tanto la economía como la imagen internacional de Uruguay.

El consorcio sostiene que el 24 de diciembre de 2023 cumplió con la entrega de la infraestructura ferroviaria, lo que permitió a UPM comenzar el transporte de celulosa hacia el puerto de Montevideo. Sin embargo, el gobierno de Luis Lacalle Pou se niega a efectuar el pago reclamado, basándose en informes técnicos que señalan incumplimientos y observaciones aún pendientes. El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, argumenta que el contrato original, firmado durante la administración de Tabaré Vázquez en 2019, presentaba serias deficiencias, lo que complicó su ejecución y llevó a sucesivas modificaciones.

Esta situación pone de manifiesto una falta de previsión y coordinación entre las distintas partes involucradas. Si bien el Grupo Vía Central reclama legítimamente el pago por los servicios prestados, también es cierto que la entrega final de la obra no se concretó en los términos estipulados. Por otro lado, el gobierno actual, al cuestionar las condiciones del contrato inicial, no ha logrado resolver oportunamente los problemas heredados, extendiendo la incertidumbre.

El conflicto adquiere una dimensión aún más preocupante al amenazar con derivar en una demanda internacional contra el Estado uruguayo. El futuro canciller, Mario Lubetkin, expresó su inquietud por la posibilidad de enfrentar sanciones multimillonarias que afectarían las finanzas del país. Esta advertencia subraya la necesidad de una gestión más eficiente y transparente en proyectos de infraestructura de esta magnitud.

Es imprescindible que el Estado uruguayo establezca mecanismos más rigurosos de control y seguimiento de contratos públicos, especialmente en acuerdos de participación público-privada. La falta de claridad en la ejecución de las obligaciones contractuales y la demora en resolver diferencias exponen al país a litigios costosos y a un deterioro de su credibilidad.

El Frente Amplio, que asumirá el gobierno el próximo sábado 1° de marzo, enfrenta el desafío de abordar esta situación con responsabilidad y celeridad. La futura ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, ha manifestado su disposición a ocuparse del asunto, pero también ha señalado la escasa información recibida durante el proceso de transición. Esta falta de comunicación entre administraciones agrava la crisis y dificulta la búsqueda de soluciones.

En este contexto, es fundamental que las partes involucradas prioricen el diálogo y la búsqueda de consensos. El objetivo debe ser garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos, proteger los intereses del país y evitar un conflicto internacional que podría tener graves repercusiones económicas.

El Ferrocarril Central es una obra estratégica para el desarrollo de Uruguay, y su éxito depende de una gestión eficiente y responsable. La resolución de este diferendo requiere transparencia, voluntad política y un enfoque constructivo que permita superar las diferencias y asegurar el cumplimiento de los contratos en beneficio de todos los uruguayos.