En un país chico como el nuestro, discutir acuerdos comerciales no debería ser una batalla ideológica sino una conversación sobre la realidad económica. El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea vuelve a poner arriba de la mesa una pregunta de fondo, ¿qué modelo de país queremos ser?

Uruguay produce mucho más de lo que consume, no es novedad. Nuestra matriz productiva está pensada para exportar. Carne, lácteos, celulosa, granos no se producen solamente para el mercado interno, se producen principalmente porque existen mercados internacionales dispuestos a comprarlos. Por eso, cada punto porcentual que se gana o se pierde en acceso a mercados tiene consecuencias reales en el empleo, la inversión y el crecimiento.

Los acuerdos comerciales, muchas veces presentados como temas demasiado técnicos, en realidad son herramientas para mejorar la competitividad. Cuando un producto uruguayo entra a un mercado pagando menos aranceles, queda más barato en comparación con sus competidores. Y cuando somos más baratos, sin sacrificar calidad, vendemos más y mejor. Esa es la lógica del comercio internacional, competir mejor no es bajar salarios ni precarizar, es reducir costos artificiales que nada tienen que ver con la eficiencia productiva.

En ese sentido, el acuerdo Mercosur–Unión Europea apunta justamente a eso: reducir barreras que hoy encarecen lo que Uruguay produce. No se trata solo de grandes cifras macroeconómicas; se trata de un montón de decisiones que toman productores, exportadores, transportistas y trabajadores en toda la cadena agroindustrial. Si nuestros productos pagan menos aranceles para entrar a Europa, el resultado más probable es un aumento en las ventas externas. Y cuando crecen las exportaciones, crece también la actividad económica interna, más empleo, más inversión y más movimiento en sectores directos y vinculados, desde el transporte hasta los servicios profesionales.

A veces se plantea la discusión como si abrirse al mundo fuera una concesión o una renuncia a la famosa soberanía. Pero para un país chico como el nuestro, la verdadera soberanía económica consiste en tener la capacidad de colocar lo que produce en la mayor cantidad posible de mercados.

Hay otro punto que suele quedar fuera del debate público: el impacto indirecto de las exportaciones. No solo dependen de ellas quienes trabajan directamente en el sector exportador. Detrás de cada tonelada exportada hay logística, financiamiento, asesoramiento jurídico, servicios tecnológicos y un largo etcétera. Por eso, cuando se habla de acuerdos comerciales no se habla únicamente del agro o la exportación de servicios; se habla de una red económica que alcanza un montón de trabajo vinculados directa o indirectamente al sector exportador.

Desde una mirada de economía de mercado la lógica es clara: cuanto más abierto y previsible es el comercio, más incentivos existen para invertir y producir. Los aranceles altos funcionan como un impuesto invisible que reduce márgenes, desalienta inversiones y termina trasladándose a toda la cadena productiva. En cambio, reglas claras y acceso preferencial a mercados grandes generan señales positivas para el sector privado, que es quien arriesga capital y crea empleo genuino de calidad.

Esto no implica desconocer que los acuerdos internacionales también plantean desafíos. Adaptarse a estándares más exigentes, competir con economías más grandes o equilibrar intereses sectoriales siempre va a ser parte del proceso. Pero la pregunta importante entiendo que no es si abrirse al mundo tiene riesgos, porque toda decisión económica los tiene, sino si Uruguay puede crecer sin hacerlo. La respuesta parece bastante evidente.

En definitiva, discutir el acuerdo Mercosur–Unión Europea no debería reducirse a una consigna política. Es una discusión de cómo queremos integrarnos al mundo y cómo potenciamos aquello que mejor sabemos hacer: producir alimentos y bienes de calidad para mercados exigentes. Cuanto más barato y fácil podamos entrar a esos mercados, más competitivos vamos a ser. Y cuando el sector productivo vende más y mejor, el impacto no se queda en el campo ni en el puerto: se ve en toda la economía nacional.