Uruguay acaba de dar un paso que, sin exagerar, puede marcar su rumbo por décadas. El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea no es un titular más en la sección de internacionales; es la culminación de más de veinte años de negociaciones, idas y vueltas, avances y retrocesos, en los que pasaron gobiernos de distintos pelos y sensibilidades. Vale la pena empezar por ahí, porque eso ya dice bastante: no es una apuesta coyuntural, es una política de Estado sostenida en el tiempo.

En buen romance, el acuerdo abre un mercado de cientos de millones de personas y elimina o reduce aranceles en una enorme cantidad de productos. Traducido a la vida diaria, lo que Uruguay produce —carne, lácteos, arroz, madera, servicios— tiene más facilidades para entrar a uno de los mercados más exigentes y con mayor poder adquisitivo del mundo. Y eso, para un país chico, no es un detalle. Es directamente una condición de desarrollo.

El sector productivo lo entiende bastante bien. Para buena parte del agro, esto es una oportunidad clara: más mercados, mejores precios potenciales y reglas más previsibles. No es casual que, en general, el clima ahí sea de expectativa positiva.

Ahora bien, vale decir que no están todos parados en el mismo lugar. Algunos rubros más específicos, como ciertos sectores vinculados a los lácteos, han manifestado reparos. No tanto por la apertura en sí, sino por la capacidad real de competir en condiciones exigentes, con estándares altos y estructuras de costos internos que no acompañan.

En la industria el panorama es más dividido. Hay quienes ven una amenaza, la llegada de productos europeos más competitivos puede poner presión sobre sectores que históricamente han estado protegidos. Pero también hay otra lectura, más alineada con una lógica de apertura, competir obliga a mejorar, a innovar, a ganar eficiencia, a reducir costos. Y sobre todo, a dejar de pensar en un mercado interno chico como techo. En esa tensión —protección versus competencia— se juega la mayor parte del debate.

Los sindicatos también han manifestado algunas alertas, principalmente en relación al empleo industrial y las condiciones laborales. Es un planteo que aparece cada vez que se discuten acuerdos de este tipo, y esta no es la excepción. Pero más allá de las posiciones puntuales, lo real y lo cierto es que el respaldo político al acuerdo ha sido general. Con matices, sí, pero con una coincidencia de fondo: para un país como el nuestro, quedarse afuera del mundo no es una opción viable.

Ahí está, a mi juicio, el núcleo del asunto. Uruguay es un país chico, con un mercado interno limitado. No tenemos escala para crecer hacia adentro. Nuestro desarrollo, guste o no, está atado a la capacidad de venderle al mundo. Y venderle al mundo no es solo tener buenos productos; es tener acceso, reglas claras y previsibilidad. En eso, acuerdos como este juegan un rol clave.

Ahora bien, nada de esto viene sin conflictos o tensiones. Abrirse implica aceptar que algunos sectores van a tener que reconvertirse, que otros van a enfrentar más competencia y que el equilibrio no siempre es inmediato. Pero también implica algo que suele pasarse por alto: cuando un país crece, exporta más y genera más actividad, los efectos no quedan aislados en un sector. Se traducen en más trabajo, más consumo, más inversión. Incluso quienes no exportan directamente terminan beneficiándose de una economía más dinámica.

Hay una idea que sobrevuela todo esto y que vale la pena poner sobre la mesa: en el mundo de hoy, aislarse no protege, achica. Sobran ejemplos. La protección puede dar una sensación de resguardo en el corto plazo, pero termina siendo un techo en el largo. Abrirse expone, sí, pero también empuja a crecer.

Por eso, más allá de entusiasmos o cautelas sectoriales, el acuerdo con la Unión Europea puede leerse como lo que es: una decisión estratégica de inserción internacional. Seamos claros, no nos garantiza el éxito, pero abre la puerta a que sea posible. Y para un país como el nuestro, eso es muchísimo.