El acceso al agua potable no es un privilegio comercial ni una simple mercancía sujeta a las frías reglas de la oferta y la demanda. Es, ante todo, una condición indispensable para la dignidad humana, la salud pública y la vida misma. En nuestro país, el pueblo soberano dejó sentada una postura firme y pionera el 31 de octubre de 2004, cuando mediante una reforma constitucional ejemplar declaró que el acceso al agua potable y al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales. Aquel hito ubicó a la República en la vanguardia del derecho internacional. Sin embargo, a más de dos décadas de aquella gesta ciudadana, la estructura tarifaria vigente aún conserva sesgos comerciales que exigen ser corregidos.