El teléfono suena con un número que no conocés. Atendés y del otro lado una voz grabada te ofrece un seguro, una tarjeta o un plan que nunca pediste. Le cortás. A los tres días vuelve a sonar el mismo número, o uno parecido. O peor, atendés, nadie te contesta y te cortan. Están chequeando si ese celular es de alguien para volver a llamarte en unos días. Esa escena, tan naturalizada, es la mejor prueba de que el registro “No Llame” no alcanza para parar esto.

El 11 de agosto entró en vigencia en Francia una ley que da vuelta la lógica del telemarketing. Hasta esa fecha, como en Uruguay, el consumidor francés tenía que anotarse en una lista para que no lo llamaran. Ese sistema, llamado Bloctel, funcionó desde 2016 y terminó siendo tan poco efectivo que el propio Estado francés lo dio de baja. La nueva norma invierte la carga ya que ninguna empresa puede llamar a un particular sin haber conseguido antes su consentimiento explícito, revocable y documentado.

Uruguay sigue exactamente en el modelo que Francia acaba de abandonar. El registro “No Llame” nació en 2021 con el artículo 181 de la Ley de Rendición de Cuentas y empezó a operar en abril de 2022, en la órbita de la URSEC. La lógica es la misma que tenía Bloctel en Francia. El ciudadano llama a Antel, Claro o Tigo, pide el alta y el operador tiene cinco días hábiles para remitir el número a la URSEC. Recién ahí queda protegido, en teoría. Las empresas que ofrecen tarjetas, seguros o planes de telefonía tienen la obligación de consultar esa base antes de marcar. Todo depende de que la consulten y la respeten. Ahí está el problema.

Los números lo confirman. Para enero de 2024 había 276.000 personas inscriptas y ya se habían acumulado 2.700 denuncias por incumplimiento. La propia URSEC admitió que iba atrasada con las sanciones. Un año y medio después, entre mayo de 2022 y agosto de 2024, los reclamos llegaron a 3.563. De ese cúmulo salieron 57 sanciones en las que 36 fueron observaciones, 3 apercibimientos y apenas 18 multas efectivas. Uruguayos denunciando que los siguen llamando pese a estar anotados y la gran mayoría que no denuncia.

El fondo del problema es de diseño. Un sistema de opt-out le pide al ciudadano que se defienda de algo que no elige y confía en la voluntad de la misma industria que se beneficia de ignorar la lista. Paradójico. Francia lo entendió después de una década de Bloctel… si el negocio del telemarketing depende de llamar a quien no dio permiso, ningún registro de exclusión lo va a frenar. Había que cambiar quién carga con la prueba.

En Uruguay ese debate ni siquiera está sobre la mesa. La URSEC sigue defendiendo el registro como una política exitosa porque crece la cantidad de inscriptos. Pero el dato importante es cuántas de esas 3.563 denuncias terminaron en una sanción real. La respuesta, menos del dos por ciento…

Francia ilustra una nueva forma con consentimiento previo, prueba a cargo de la empresa, sanciones que se apliquen. Nada de esto es una revolución tecnológica ni exige una reforma constitucional. Alcanzaría con una ley breve que modifique el artículo 181 y le dé a la URSEC la orden de apercibir en serio a las empresas de telemarketing que hoy operan bajo su órbita.

Mientras tanto, seguimos anotados en una lista que las empresas de call center consultan cuando les conviene y el teléfono sigue sonando con números que no conocemos. Y eso que no hablamos de las estafas con IA, clonándote la voz…