La violencia volvió a golpear con una crudeza difícil de asimilar en Montevideo. Esta vez, la víctima fue un bebé de apenas un año y medio, asesinado en medio de un ataque a tiros que deja al descubierto una realidad que muchos uruguayos sienten desde hace tiempo: la inseguridad ya no es una preocupación aislada, sino una amenaza cotidiana que ha alcanzado niveles intolerables.

El hecho ocurrió en Colón, cuando el niño viajaba junto a su padre en un vehículo que fue interceptado por atacantes en moto. Los disparos no dieron margen a la reacción. Siete impactos en el parabrisas hablan de una violencia desmedida, de una lógica criminal que ya no distingue edades, contextos ni consecuencias. El menor murió pese a los intentos desesperados por salvarlo. Su padre, herido, sobrevivió para cargar con una tragedia irreparable. No se trata de un episodio aislado. Es la manifestación más dolorosa de un fenómeno que viene creciendo y que hoy obliga a decir, sin rodeos: basta. La situación es insostenible. La ciudadanía lo percibe en cada barrio, en cada conversación, en cada decisión cotidiana que implica medir riesgos antes impensados.

Mientras tanto, la respuesta política parece moverse a un ritmo completamente desconectado de la urgencia social. Las críticas hacia el Frente Amplio se han intensificado, no solo por la falta de resultados concretos, sino también por señales que generan preocupación. Se señala que demoraron un año en elaborar un programa de seguridad, en un contexto donde cada día cuenta. Y entre las propuestas que han trascendido, surge una especialmente polémica: la liberación anticipada de unos 400 reclusos condenados por delitos graves.

Ese tipo de medidas resulta difícil de comprender para una ciudadanía que siente que el control del territorio se debilita y que el delito avanza con mayor audacia. No es casual que muchos uruguayos miren hacia afuera en busca de ejemplos. El caso de Nayib Bukele aparece con frecuencia en el debate público, como símbolo de una política de seguridad firme, polémica, pero efectiva en la reducción drástica de la criminalidad en su país.

El contraste es inevitable. Mientras en algunos lugares se endurecen las respuestas frente al crimen organizado, aquí se discuten medidas que podrían ser interpretadas como señales de debilidad. Y en el medio, quedan las víctimas: ciudadanos comunes, familias enteras, y ahora también niños.

Otro dato que ha generado indignación es el recuerdo de las celebraciones en centros penitenciarios tras conocerse resultados electorales recientes. Para muchos, esas imágenes no son anecdóticas, sino reveladoras. Instalan una pregunta incómoda: ¿qué mensaje se está transmitiendo hacia dentro y fuera del sistema carcelario?

La seguridad pública no admite ambigüedades. Requiere decisiones firmes, planificación seria y, sobre todo, una señal clara de respaldo a quienes cumplen la ley. No alcanza con diagnósticos ni con promesas. La realidad exige acción.

El asesinato de este bebé no puede quedar reducido a una estadística más. Es un punto de quiebre emocional y social. Es el reflejo más crudo de una situación que se ha deteriorado progresivamente y que hoy exige un cambio sustancial.

Uruguay enfrenta una encrucijada. Continuar por el mismo camino, con respuestas percibidas como insuficientes, o asumir con determinación el desafío de recuperar la seguridad. La ciudadanía ya está hablando. Y lo hace con una claridad que la política no puede seguir ignorando.