Hace una semana nos enteramos de que Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, El Salvador, Paraguay, Panamá y otros países se pusieron de acuerdo para crear algo que bautizaron pomposamente como “Escudo de las Américas”. ¿De qué se trata? Básicamente de una coalición para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Coordinación, inteligencia compartida, recursos, entrenamiento, infraestructura y cooperación entre países para enfrentar a los cárteles que operan a escala continental. Porque los narcos hace rato que no respetan fronteras ni ponen sellos en el pasaporte.

Cuando se combate en serio a estas organizaciones en un país, rara vez desaparecen. Lo que hacen es mudarse. Como inquilinos indeseables que, cuando el dueño del apartamento los echa, simplemente cruzan la calle y se meten en el de enfrente. Por eso quedarse afuera de una iniciativa de este tipo no significa solamente perder acceso a recursos, coordinación o entrenamiento. Significa algo peor: ser candidato a convertirse en el lugar al que se muden los delincuentes desplazados. Y esto ya pasó.

Entre el año 2000 y 2005 Estados Unidos y Colombia impulsaron el llamado Plan Colombia, una ofensiva fuerte contra el narcotráfico dentro del propio territorio colombiano. Cuando el plan empezó a tener resultados, hacia 2006 y 2007, muchos narcos comenzaron a trasladar operaciones a otros países de la región.

México, Venezuela, Brasil, Paraguay, Argentina… y también Uruguay. En aquel momento algunos advertimos el riesgo y avisamos al gobierno.
La respuesta fue tranquilizadora: “eso en Uruguay no pasa”. Bueno… hoy tenemos barrios donde los narcos mandan más que los alcaldes.

Por eso planteé algo bastante sencillo: que el presidente Yamandú Orsi y los ministros Negro y Lubetkin hicieran gestiones para que Uruguay pudiera integrarse al Escudo de las Américas. No propuse invadir otro país ni privatizar el Palacio Legislativo. Solo pedir que Uruguay participe en una coordinación regional contra el narcotráfico. La reacción fue interesante.

En redes sociales y comentarios de prensa se me acusó de “cipayo del imperio”, “lacayo de Trump”, “neoliberal entreguista” y otras expresiones igualmente refinadas que seguramente salieron después de un profundo debate académico. Pero la política tiene estas ironías deliciosas. Ayer, el propio presidente Orsi y el ministro Negro dijeron que Uruguay no había sido invitado, pero que si lo invitaban participaría.

Entonces me surgió una duda existencial: ¿También son cipayos? ¿O el título de cipayo neoliberal es exclusivo para quien hace la propuesta y no es del Frente Amplio? Por mi parte no creo que lo sean. Al contrario: me parece bien que tengan la cabeza abierta y estén dispuestos a cooperar con otros gobiernos cuando se trata de combatir el crimen organizado. Porque en estos temas lo importante no es la ideología sino la seguridad de los ciudadanos. Los narcos no preguntan si uno es de izquierda o de derecha antes de instalarse.

Esta no es la primera vez que me pasa algo parecido. Hace catorce años presenté un proyecto para permitir que privados pudieran adquirir hasta el 40 % del capital de las empresas públicas, manteniendo el control estatal. Era una propuesta que estaba en nuestro programa de gobierno.

Las reacciones fueron memorables. Me dijeron neoliberal, vende patria, privatizador, hereje económico y —en una muestra de gran creatividad retórica— incluso hijo de una prostituta. Bueno. Esta semana el secretario de la Presidencia del actual gobierno del Frente Amplio propuso vender parte del capital de las empresas públicas. Supongo entonces que ahora somos más los neoliberales y cipayos.

Lo cual tiene su lado positivo: si seguimos así, dentro de poco seremos mayoría. Y quién sabe. Tal vez algún día hasta hacemos un sindicato.