Cuando la violencia alcanza a quienes ejercen determinadas funciones del Estado, la respuesta parece contundente. Cuando alcanza a quienes están en la primera línea de defensa de la sociedad, la respuesta judicial parece adquirir otra dimensión. Y esa diferencia debería preocuparnos a todos. Hay comparaciones que incomodan. Pero precisamente por eso deben hacerse.

En los últimos días conocimos nuevas condenas vinculadas al atentado contra la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero. Uno de los autores intelectuales recibió siete años y tres meses de penitenciaría, mientras otro involucrado fue condenado a ocho años. A ello se suma que, en junio, otro de los autores intelectuales había recibido una condena de nueve años y seis meses.

El atentado contra Ferrero fue gravísimo. Dos personas ingresaron al patio de su vivienda, arrojaron una granada y efectuaron disparos. No fue simplemente un ataque contra una persona: fue un ataque contra una alta jerarca del sistema de justicia, en el marco de su función y de su trabajo contra el crimen organizado. Y debe ser condenado con toda la firmeza que corresponda.

Pocos días después, en Salto, tres hombres protagonizaron un violento episodio dentro de un ómnibus del transporte urbano. Un funcionario de la Guardia Republicana, vestido de civil, intervino ante la situación. Los individuos lo increparon, lo enfrentaron físicamente e intentaron quitarle el arma de reglamento. Finalmente los tres fueron detenidos. ¿Y cuál fue la respuesta? Uno recibió cuatro meses de prisión, otro, cinco meses, sustituidos por libertad a prueba. El tercero quedó sometido a medidas cautelares, entre ellas arresto domiciliario nocturno y monitoreo electrónico. Ninguno fue a prisión.

Aquí es donde corresponde hacerse una pregunta. ¿Vale menos la integridad física de un policía que la de un fiscal? La pregunta no pretende quitarle gravedad al atentado contra Mónica Ferrero. Todo lo contrario. Pretende reclamar que la vida, la integridad física y la autoridad de todos los servidores públicos sean protegidas con la misma determinación. Porque un policía no es un ciudadano de segunda.

El funcionario de la Guardia Republicana que estaba en aquel ómnibus no estaba allí ejerciendo una función ornamental. Estaba cumpliendo su deber. Y cuando un individuo intenta quitarle el arma reglamentaria a un policía, no solamente está enfrentando a una persona: está desafiando la autoridad del Estado. Si ese comportamiento recibe como consecuencia una pena de apenas meses y, además, esa pena es sustituida por libertad a prueba, el mensaje que puede llegar a recibir la sociedad es peligroso: agredir, enfrentar y despojar del arma a un funcionario policial no parece tener consecuencias particularmente graves.

Resulta paradójico que quienes ejercen la función acusatoria del Estado necesiten de la protección policial para desarrollar su tarea, mientras que, al mismo tiempo, desde el sistema institucional no siempre parece otorgarse a quienes integran esa fuerza la misma consideración cuando son ellos los atacados.

La Policía es la primera línea de defensa frente al delito. Es quien llega cuando los demás retroceden. Es quien interviene ante una emergencia, quien enfrenta a delincuentes armados y quien muchas veces pone su propia vida en riesgo para proteger la de terceros. Por eso no podemos construir una sociedad donde existan, en los hechos, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. La vida de un fiscal vale. La vida de un policía vale. La vida de un trabajador vale. La vida de cualquier ciudadano vale.

Y si realmente queremos recuperar el respeto por la autoridad, necesitamos una Justicia que valore adecuadamente cada circunstancia, que dimensione la gravedad de atacar a quienes representan al Estado y que envíe señales claras a quienes pretenden desafiarlo. No se trata de pedir privilegios para la Policía. Se trata de exigir igualdad en la protección de quienes cumplen una función pública. Porque una sociedad que pretende que sus policías arriesguen la vida por ella tiene también la obligación de demostrarles que sus vidas importan. Necesitamos una Justicia firme, equilibrada y justa. Una Justicia que ponga en su verdadera dimensión el valor de la vida y de la integridad de quienes cada día salen a la calle para defender a la población. Porque si quienes nos protegen sienten que el Estado no los protege a ellos, todos terminamos estando un poco más desprotegidos.