El gobierno de Salto, con el respaldo de su estructura política, tiene la autorización legal para privatizar por doce años, la gestión de los residuos del departamento. Aunque no se sabe bien de qué se trata, la Junta Departamental otorgó el permiso. No me queda claro qué es lo que se va a licitar por doce años a un privado, porque en estos días ya se ha llamado a dar precio por limpieza (podas, pastos, etc.) en las Costaneras Sur y Norte; también se ha convocado a suministrar y gestionar volquetas destinadas a basura. Ambos llamados ofrecen contratos por doce meses.

Mi escaso entendimiento y el recuerdo de los golpes propinados en el pasado por quienes hoy gobiernan, sólo me empujan a la duda, y a formarme una hipótesis: ”con la verdad también se puede engañar”. Recuerdo frases de los actuales jerarcas de Salto, incluido el intendente, que aseguraban antes y después de las elecciones, que se haría una administración austera y que se reduciría mucho el gasto del rubro cero (sueldos y demás créditos salariales). En su momento advertí que ese anuncio no significaría precisamente ahorros para los contribuyentes (el Pueblo). Aseguré que el costo de los salarios de empleados podría reducirse, contratando privadamente; de esa manera el tan discutido volumen salarial se achicaría, pero la gente pagaría esas obligaciones por la vía de contratos a particulares. Claro caso de una verdad que engaña.

No ha demorado mucho en vérsele las patas a la sota. Las podas y elementos de la recolección, por ejemplo ya están ofrecidas a manos privadas. Menos sueldos a municipales y menos dinero a obreros y más plata a empresas. Todo pagado por la población. Quien se niegue a creer este razonamiento, sería bueno que mire ahora lo que cuestan salarios departamentales privados y consideren posible lucro. Si opera la Intendencia no hay ganancias, aunque los sueldos sean mayores; si se contrata empresas el dinero que pasa a manos obreras será menor (la hora de peón privado es de menos de 200 pesos), cuando la que cobran los municipales, a unos 45.000 o 50.000 pesos mensuales por jornadas de ocho horas, es superior. La diferencia está en que la plata a los municipales va a manos obreras y la cobrada por empresas privadas lleva destinos que exceden a los empleados.

No pretendo hacer una disquisición ideológica ni enfrentar públicos con privados, no es el tema; yo mismo he tenido pequeñas empresas y no las juzgo nefastas. Afirmo que el gobierno departamental de Salto ha engañado a la población. Aseguró que bajaría el costo de salarios, pero no informó que contrataría empresas privadas, que seguramente, aunque pague salarios menores, tendrá lucro que elevarán los presupuestos. La gran farsa es, además, retacear pago a obreros, mientras sigue el reparto de cargos de alto costo. Sin comentarios.

Mi viejo siempre decía “los pueblos tienen los gobiernos que se merecen” (frase atribuida al francés Joseph Maistre). He dedicado mi vida a tratar de hacer germinar la razón: ojalá que en este tema, alguna gotita humedezca nuestras inteligencias…