Lo que está saliendo a la luz en torno a varias cooperativas de vivienda en Salto no es un simple error administrativo. Es, lisa y llanamente, un escándalo que merece una profunda reflexión política, social y ética. Porque cuando se juega con el techo de la gente, no hay excusas que alcancen. Según informó el edil de la Coalición Republicana, Jesús Escobar, al menos 12 familias se presentaron ante la Junta Departamental con un planteo tan concreto como angustiante: los terrenos que les fueron otorgados por la Intendencia en el período pasado, durante el gobierno de Andrés Lima, para construir sus viviendas cooperativas, no habrían sido entregados de forma legal. El resultado es devastador: miedo, incertidumbre y la amenaza real de perderlo todo.