El gobierno del Frente Amplio está desconectado de la realidad que vive el Uruguay. Basta observar lo que ocurre en nuestras calles y compararlo con las prioridades que el oficialismo impulsa en el Parlamento para verlo. En una misma semana, asistimos a una sucesión de hechos que deberían encender todas las alarmas.

En un solo día hubo cuatro homicidios. Ese mismo día se produjo una balacera en plena Ciudad Vieja. Como si esto fuera poco, un grupo de barras bravas tomó un ómnibus del transporte público y durante cuarenta minutos circuló por la ciudad haciendo lo que quiso. No son estadísticas. Es la vida cotidiana de los uruguayos. Miedo, violencia y sensación creciente de que hay personas y grupos que creen que pueden actuar al margen de la ley.

Mientras esto sucede, en el Parlamento esperan proyectos de ley vinculados directamente con la seguridad pública y el combate al delito. Algunos de ellos reclamados por la propia fiscal de Corte, es decir, por quien encabeza el organismo encargado de perseguir los delitos. Entre esas iniciativas está el fortalecimiento de las herramientas para combatir el crimen organizado. El objetivo es claro: dotar al Estado de instrumentos jurídicos más eficaces para perseguir a quienes integran organizaciones criminales. Pero el Frente Amplio no parece tener apuro para tratarlo. ¿Para qué tiene apuro?

Para volver a instalar la impunidad como alternativa a través de la suspensión condicional del proceso. Esa es su prioridad. La quiere aprobar la semana que viene. ¿De qué estamos hablando? La suspensión condicional permite que, bajo determinadas circunstancias, una persona sometida a un proceso penal pueda acordar determinadas obligaciones o condiciones y, cumplidas estas, lograr que el proceso no continúe y finalmente se extinga. Y ahí aparecen propuestas verdaderamente difíciles de explicar a una ciudadanía que reclama más seguridad y firmeza frente al delito.

Por ejemplo: que quien delinquió se comprometa durante determinado tiempo a no conducir vehículos. O a no concurrir a determinado lugar. O a no acercarse al lugar donde cometió el delito. O a no tener armas en su poder. O a hacer tortas fritas. El problema no está solo en discutir alternativas para determinados delitos ni en negar mecanismos de justicia terapéutica útiles. El problema son las prioridades. Cuando el crimen organizado avanza, cuando ocurren cuatro homicidios en un día, cuando hay balaceras en el centro de Montevideo y cuando un grupo puede apropiarse durante cuarenta minutos de un ómnibus del transporte público, la respuesta urgente del gobierno no puede ser buscar nuevas formas de evitar la persecución penal.

Primero hay que recuperar el respeto a la ley, respaldar a quienes investigan, dar instrumentos a la Fiscalía y a la Policía y enfrentar decididamente a las organizaciones criminales. Después podremos discutir todo lo demás. Gobernar también consiste en saber interpretar el momento que vive una sociedad. Escuchar sus preocupaciones, establecer prioridades y actuar en consecuencia. Y quizás sea precisamente eso lo que el FA no está entendiendo. Porque mientras el gobierno discute una agenda para no perseguir los delitos y los delincuentes , los uruguayos vivimos otra. Por eso no se dan cuenta de que la ciudadanía ya no está sintonizando con ellos.