Como es notorio, el accionar de la Fiscalia de Corte en manos del Dr. Juan Gómez, ha sido cuestionada fuertemente. Por ello, desde varios sectores de la vida nacional, urge que se designe un fiscal general “definitivo”, dado que quien desempeña el cargo al presente es de carácter “interino”. 

Porque existe notoriamente un elevado grado de confusión sobre la operativa de los fiscales. Todo porque está faltando una conducción seria y responsable, apegada al real derecho.

Como es público y notorio, el Dr. Díaz, que fue quien designó al Dr. Gómez como su sucesor en el cargo de fiscal suplente de Corte,  lo que de hecho, marcó una línea sobre todo con el famoso Código del Proceso Penal para la aceptación y trabajo de los delitos que algunos juristas y en especial el ex Fiscal Gustavo Zubia han cuestionado y criticado en forma muy fuerte.

Especialmente al hecho y funcionamiento de la oficina que selecciona a que fiscal se le otorgan los expedientes de casos en curso. Algo que se considera poco justo y lógico para un sistema que establece una programación  de quien se desea maneje determinados casos.

Por ejemplo, en casos que tienen trascendencia política, esa capacidad para designar quién es el fiscal que lo va a tratar, está de hecho quebrantando la deseable y necesaria trasparencia en su manejo y tratamiento, como es deseable. Todo para que no se genere suspicacias.

Es notorio, que hay denuncias que van quedando por el camino, no se les da importancia ni un tratamiento diligente, por lo que se hecho, no se tramitan todas. Se elige cuáles tramitar y avanzar,  todo que esta llevando a un caos a veces no querido y a veces querido por parte de quienes transitan esos caminos, así hay una grave, enorme, disfuncionalidad de la Fiscalía.

A eso se dan decisiones de la Fiscalía de Corte que no se entienden. Por ejemplo, en el caso de periodista Ignacio Álvarez, una fiscal determinó para indagar cuál era la fuente que le había proporcionado el famoso audio vinculado al supuesto caso de violacion grupal del Cordón.  Se dispuso un allanamiento, una medida de las más extrema, lo que llevó a que el propio fiscal de Corte reconociera que había sido un grave error. Pero para sorpresa general, la fiscal que decidió esa medida no tuvo ningún tipo de sanción. Ante el caso de la filtración de información de un documento secreto, confidencial sobre la seguridad del estado, dado a conocer por el periodista Eduardo Preve,  el fiscal de Corte salió a los medios para sostener que no habia sido delito el hecho, pero él no era el fiscal a cargo de la denuncia, que si tiene a su cargo otro fiscal, en concreto Gilberto Rodríguez, y el fiscal de Corte no respeto lo básico que marca toda denuncia; no opinar, como lo hizo. De hecho, le marcó la actuación a su subordinado. 

También esta el caso del fiscal Iglesias, quien por cambiar la medida de prisión efectiva por domiciliaria para los tres jóvenes, sin antecedentes, sospechados del delito de violación grupal del Cordón, llevó a que fuera sancionado con separación  del cargo y sumariado. Algo que marcó otro error grave en que cayó el fiscal de corte.

Todo ello sumado a notorios casos, en donde sospechosamente no se avanza, como sería deseable, cuando afecta a dirigentes de fuerzas políticas en actos que lucen como viciados de corrupción. Todo lo que, como es notorio, genera sospechas de que no hay un real criterio de justicia como sería deseable. Por lo que es de recibo y actualidad la interrogante del título.