La sequía ya no es una advertencia técnica ni un escenario hipotético: es una realidad instalada que vuelve a poner contra las cuerdas el abastecimiento de agua potable para Montevideo y toda el área metropolitana. Con las reservas en descenso y los pronósticos sin señales alentadoras, la discusión sobre cómo garantizar el suministro dejó de ser un debate de especialistas para transformarse en una cuestión estratégica, social y sanitaria. Lo que está en juego no es solo la gestión de un recurso, sino la calidad de vida de más de la mitad del país.

En los últimos días se confirmó que Paso Severino perdió millones de metros cúbicos de su reserva hídrica. Las lluvias recientes, escasas o casi nulas, no lograron revertir la tendencia. Por el contrario, todo indica que la pérdida de volumen se ha profundizado. Este dato, frío en apariencia, es dramático en sus implicancias: menos agua disponible significa menor margen de maniobra ante cualquier evento extremo. La experiencia reciente demostró cuán frágil puede volverse el sistema cuando depende de fuentes tensionadas al límite.

El déficit hídrico creciente ha llevado al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a reconocer formalmente la existencia de una seca que afecta al menos a diez departamentos, con reclamos que ya se extienden a otros cuatro. La crisis, por tanto, no es sectorial ni transitoria. Es estructural y abarca múltiples dimensiones: productiva, ambiental y urbana. La falta de agua compromete cultivos y ganado, pero también presiona sobre las ciudades, donde la demanda no deja de crecer.

A ello se suma un dato inquietante: se confirmó que el agua suministrada en parte del sistema metropolitano presenta presencia de trihalometanos, subproductos derivados del proceso de potabilización cuando se utilizan fuentes con elevada carga orgánica. Aunque los niveles puedan encuadrarse en parámetros técnicos discutibles y se argumente que están dentro de ciertos límites admitidos, el hecho de que el agua llegue con compuestos asociados a potenciales riesgos sanitarios debería encender todas las alarmas. La confianza pública en el sistema se erosiona cuando la calidad se percibe comprometida, y recuperar esa confianza no es tarea sencilla.

La combinación es explosiva: reservas en caída, sequía extendida, fuentes vulnerables, impactos ambientales previsibles y cuestionamientos sobre la calidad del agua distribuida. Recordar la sequía extraordinaria de hace tres años no es un ejercicio de alarmismo, sino de memoria reciente. Entonces se improvisaron soluciones de emergencia y se apeló a la comprensión ciudadana. Hoy, con la experiencia acumulada, la exigencia debe ser mayor.

El país necesita una política hídrica integral, basada en criterios técnicos, planificación a largo plazo y diversificación real de fuentes. No alcanza con respuestas parciales ni con proyectos concebidos sin un amplio consenso social y ambiental. Se requiere transparencia en la información, evaluación rigurosa de alternativas y la capacidad de coordinar esfuerzos entre organismos, academia y sociedad civil. La gestión del agua debe convertirse en una política de Estado sostenida en el tiempo.

El agua potable no es ni debe ser, un trofeo de gestión ni un argumento de campaña. Es un derecho esencial y un pilar de la vida urbana y productiva. Persistir en soluciones costosas, demoradas o ambientalmente controvertidas puede terminar generando más problemas de los que se pretende resolver. La sequía no espera. La ciudadanía tampoco debería hacerlo.