El próximo domingo se conmemorará en Uruguay, como en gran parte del mundo, el Día Internacional de la Mujer, una fecha que desde 1977 cuenta con el reconocimiento formal de Naciones Unidas y que simboliza décadas de lucha por la igualdad, el reconocimiento social y el pleno desarrollo de las mujeres en todos los ámbitos de la vida.

Se trata de una jornada profundamente significativa, que ha servido históricamente para reflexionar sobre los avances logrados, pero también para recordar las desigualdades que aún persisten. El 8 de marzo no nació como una festividad superficial, sino como un recordatorio de las reivindicaciones que impulsaron movimientos sociales y feministas en busca de derechos básicos: igualdad de oportunidades, respeto, protección frente a la violencia y participación plena en la sociedad.

En Uruguay, la conmemoración ha ganado con los años una creciente participación social. Miles de personas, mujeres y también hombres que acompañan y apoyan la causa, han marchado en todas las ciudades del país con consignas vinculadas a la igualdad de género, la erradicación de la violencia y el reconocimiento del papel de la mujer en todos los ámbitos de la vida pública y privada.

Sin embargo, en los últimos años ha comenzado a instalarse un debate cada vez más visible: ¿hasta qué punto la conmemoración del 8M debe transformarse en una plataforma de consignas político-ideológicas que poco tienen que ver con su esencia?

La discusión volvió a cobrar fuerza en los últimos días, luego de que una de las organizaciones que participan en la convocatoria de la tradicional marcha, junto a organizaciones sociales, la central sindical PIT-CNT, impulsara como lema de este año: “8M Antiimperialista. Por la soberanía de los pueblos, no pasarán”.

La consigna, claramente asociada a una determinada visión política e ideológica, provocó cuestionamientos desde distintos ámbitos: dirigentes políticos, comunicadores, referentes sociales y ciudadanos que consideran que ese enfoque desvía el sentido original de la jornada.

Las críticas no apuntan a negar el derecho de cualquier organización a expresar sus posiciones políticas, sino a preguntarse si el 8 de marzo es el espacio adecuado para hacerlo. Ejemplo de esto, es lo que expreso la docente y periodista política Natalia Uval, al señalar en redes sociales: “La marcha antiimperialista por la soberanía de los pueblos la pueden hacer cuando mejor les plazca. La marcha del 8M es por la igualdad de género, es una expresión de lucha y resistencia de las mujeres, y de los hombres que acompañan”.

En una línea similar, la periodista Paula Scorza sostuvo en el programa Desayunos Informales que introducir consignas de carácter geopolítico o ideológico termina desdibujando el verdadero sentido de la movilización. “El antiimperialismo uno puede cuestionarlo, pero no es tema de la marcha del 8M”, señaló, agregando que el foco debería permanecer en las problemáticas específicas que afectan a las mujeres.

Lo cierto es que el debate no es nuevo. Desde hace varios años, algunos sectores han advertido que la creciente politización de determinadas movilizaciones sociales termina alejando a parte de la ciudadanía que comparte la causa, pero no necesariamente la ideología que se intenta asociar a ella.

Cuando una fecha que debería convocar de forma amplia y transversal se identifica con una consigna partidaria o ideológica, el riesgo es claro: se reduce su capacidad de unir y se transforma en un acto que representa a unos, pero no a todos.

El 8 de marzo debería ser, ante todo, un día de reflexión colectiva sobre los desafíos pendientes en materia de igualdad y derechos. Un espacio donde puedan encontrarse sensibilidades diversas, sin necesidad de adhesiones políticas previas.

La lucha por la igualdad de las mujeres es demasiado importante como para quedar atrapada en consignas que la exceden. Y quizás allí radique el verdadero desafío: preservar el espíritu original de una fecha que nació para unir causas, no para dividirlas.