Durante muchos años los uruguayos nos convencimos de que el narcotráfico era un problema de otros países. Mirábamos con distancia la violencia de Brasil, los sicarios de Colombia o las organizaciones criminales que controlaban territorios en México. Hoy esa sensación de inmunidad se ha derrumbado. El narcotráfico ya no golpea la puerta: está instalado y cada día demuestra una capacidad mayor para desafiar al Estado.

La carta enviada desde prisión por el narcotraficante Luis Fernando Fernández Albín debería interpretarse como mucho más que una amenaza aislada. Cuando un delincuente condenado por liderar una organización dedicada al narcotráfico, al tráfico de armas, al contrabando y al lavado de activos escribe que está dispuesto a "morir, matar y destruir", amenaza a funcionarios públicos y asegura que "las van a pagar", lo que está haciendo es medir la capacidad de respuesta del Estado.

No habla únicamente un preso. Habla un hombre que se siente con poder suficiente para intimidar a quienes representan la autoridad. Y eso es, precisamente, lo más preocupante.

La reacción oficial fue rápida: denuncia penal, sanción administrativa y traslado a un módulo de máxima seguridad. Era lo mínimo que debía hacerse. Pero el problema no termina allí. La verdadera pregunta es por qué un jefe narco cree que puede desafiar abiertamente al Estado y convertir sus amenazas en un hecho público.

La respuesta resulta incómoda. Porque el crimen organizado percibe que Uruguay ya no ejerce el mismo control que supo tener. Las bandas crecen, se disputan territorios, reclutan adolescentes, manejan arsenales, lavan dinero y ordenan delitos desde las cárceles. Los homicidios vinculados al narcotráfico aumentan, los ajustes de cuentas se multiplican y la violencia deja de sorprender para convertirse en una rutina.

Ese es el mayor triunfo del narcotráfico: lograr que la sociedad se acostumbre. Que una balacera deje de ser noticia. Que una amenaza contra autoridades se vea como un episodio más. Que los barrios dominados por delincuentes sean aceptados como una realidad inevitable.

Cuando eso ocurre, el Estado comienza a perder mucho más que una batalla policial. Pierde autoridad. Pierde capacidad de disuasión. Pierde el respeto de quienes deberían temerle y, peor aún, transmite a los ciudadanos la sensación de que el poder ya no está completamente de su lado.

No alcanza con detener delincuentes si las organizaciones siguen funcionando. No alcanza con trasladar presos si continúan ejerciendo influencia desde las cárceles. No alcanza con aumentar operativos si el crimen organizado conserva la capacidad de intimidar a jueces, policías, fiscales o autoridades penitenciarias.

Uruguay está entrando en una etapa decisiva. Todavía está a tiempo de impedir que el narcotráfico alcance los niveles de penetración observados en otros países de la región. Pero ese margen se estrecha. Cada amenaza, cada ajuste de cuentas y cada organización que amplía su poder son señales de que el reloj corre en contra.

Negar la realidad sería el peor error. El Estado está perdiendo terreno frente al narcotráfico. Tal vez no lo haya perdido definitivamente, pero el crimen organizado avanza mientras las respuestas siguen siendo, muchas veces, insuficientes frente a un enemigo que dispone de dinero, armas, logística y una absoluta falta de límites.

La historia demuestra que recuperar el terreno cedido al narcotráfico cuesta muchísimo más que impedir su avance. Uruguay aún tiene la oportunidad de reaccionar. La gran incógnita es si quieres están al frente de esta lucha, tienen la decisión, la determinación necesaria, de actuar y resolver, antes de que sea demasiado tarde.