Hay hechos que, por su gravedad, no admiten silencios. Y hay decisiones institucionales que, por lo menos, merecen una explicación pública. El caso de la pediatra Soledad Barrera reúne ambas circunstancias y vuelve a dejar una pregunta que nadie parece dispuesto a contestar con claridad: ¿quién defiende al ciudadano cuando las instituciones llamadas a controlar terminan protegiéndose entre ellas?