La decisión del gobierno de Yamandú Orsi y del Ministerio de Ambiente de convertir a Casupá en la apuesta para garantizar el abastecimiento de agua potable a la zona metropolitana, no es solamente discutible desde el punto de vista técnico. Es, sobre todo, una demostración preocupante de cómo la política puede imponerse sobre la evidencia científica cuando están en juego decisiones estratégicas para el país.

Uruguay acaba de atravesar la peor crisis hídrica de su historia. Quienes pueblan la zona metropolitan, bien lo saben. Sufrieron las consecuencias de depender casi exclusivamente del río Santa Lucía. Aquella emergencia dejó una lección tan evidente que parecía imposible ignorarla: nunca más el país debía quedar atado a una única fuente de abastecimiento.

Sin embargo, eso es exactamente lo que hace Casupá. Porque la represa podrá almacenar más agua, podrá regular mejor el caudal y podrá ofrecer un margen adicional durante períodos de sequía. Pero seguirá alimentándose de la misma cuenca. Es decir, cuando el Santa Lucía falle, todo el sistema volverá a estar comprometido. No hay diversificación. No existe una segunda fuente independiente. Se insiste en el mismo modelo que demostró ser vulnerable.

Lo más grave es que esta conclusión no proviene de dirigentes políticos ni de opositores al gobierno. Proviene de quienes probablemente sepan más de gestión del agua que cualquier otro organismo en el planeta.

OSE contrató a Mekorot, la empresa nacional de aguas de Israel, un país que convirtió el desierto en tierras productivas, que recicla la inmensa mayoría de sus aguas residuales y que es referencia mundial en planificación hídrica. Sus especialistas, el doctor en Ingeniería Ambiental Diego Berger y Hilel Mossak, fueron categóricos. Uruguay depende de una sola fuente de abastecimiento. Eso representa un riesgo enorme. Tan enorme que llegaron a afirmar que era casi un milagro que el sistema hubiera resistido durante tantos años.

Su recomendación fue inequívoca: construir un sistema basado en dos fuentes completamente independientes. Esa era la lógica detrás del proyecto Arazatí-Neptuno, incorporando el Río de la Plata como respaldo estratégico frente a futuras crisis.¿Qué hizo el actual gobierno? Eligió exactamente el camino contrario. Cabe entonces preguntarse para qué se contrató a expertos internacionales si, una vez terminado el estudio, sus conclusiones fueron archivadas porque no coincidían con las preferencias políticas del momento.

Pero el problema no termina allí. Casupá supone inundar miles de hectáreas hoy destinadas a la producción agropecuaria. Tierras fértiles, productivas y generadoras de riqueza desaparecerán bajo el agua. También quedará sepultada una importante extensión de monte nativo, precisamente cuando desde el propio Ministerio de Ambiente se predica permanentemente la necesidad de proteger los ecosistemas naturales.

La contradicción resulta imposible de ocultar. Para un productor rural las exigencias ambientales son cada vez mayores. Para una megaobra estatal, esas mismas consideraciones parecen relativizarse con sorprendente facilidad. Lo que está ocurriendo deja una sensación inquietante: el Ministerio de Ambiente parece haber dejado de ser el defensor del ambiente para transformarse en el defensor de una decisión política previamente adoptada.

Cuando se desecha la opinión de los mejores especialistas disponibles; cuando se insiste en mantener la dependencia de una única cuenca; cuando se aceptan impactos ambientales enormes sobre tierras productivas y monte nativo; y cuando todo ello ocurre pese a las lecciones dejadas por la crisis de 2023, es inevitable preguntarse qué fue lo que realmente pesó en la balanza.

¿La evidencia científica o la conveniencia política? La historia suele ser implacable con los gobernantes que desoyen a los técnicos. Las obras públicas permanecen durante décadas. También permanecen sus errores.

Si dentro de algunos años otra gran sequía vuelve a dejar al Santa Lucía sin capacidad para abastecer al área metropolitana, ya no habrá excusas. Nadie podrá decir que el país no fue advertido. Las advertencias existieron. Los informes fueron claros. Los expertos hablaron. Lo que faltó fue la humildad política para escucharlos.

Porque gobernar no consiste en demostrar quién tiene razón. Consiste en tomar las mejores decisiones para el país, aunque ellas contradigan los prejuicios ideológicos propios. Cuando se ignora ese principio, el agua deja de ser una política de Estado para convertirse en rehén de la política partidaria. Y ese es un lujo que Uruguay no puede permitirse.-