El ex senador del Frente Amplio, Charles Carrera, ha optado por una jugada conocida, aunque cada vez menos efectiva: atacar al sistema judicial en el momento en que éste se dispone a avanzar con firmeza. Su decisión de recusar a la fiscal Sandra Fleitas, alegando una supuesta falta de imparcialidad, no es otra cosa que un intento por deslegitimar a quien está a punto de formalizarlo por hechos que, en cualquier democracia seria, deberían ser tratados con absoluta gravedad.

Los hechos no son nuevos, pero sí lo suficientemente graves como para que la opinión pública no los pierda de vista. La causa se remonta a hechos ocurridos durante la gestión de Carrera como director general de Secretaría del Ministerio del Interior, entre 2010 y 2017. En ese periodo, autorizó la entrega de tickets de alimentación por 20.000 pesos mensuales y facilitó el acceso al Hospital Policial –un centro destinado exclusivamente a funcionarios policiales y sus familias– a un particular, Víctor Hernández, quien había sido herido por una bala perdida, presuntamente disparada desde la casa de un policía en el balneario rochense de La Paloma.

La empatía con una víctima no puede justificar el uso arbitrario de recursos públicos ni el apartamiento de la normativa vigente. Lo que está en discusión no es si Hernández merecía atención, sino si Carrera actuó dentro de los márgenes legales al usar bienes del Estado para asistirlo, sin respaldo jurídico ni administrativo claro. Eso se llama abuso de funciones, y es precisamente lo que la Fiscalía investiga desde hace ya demasiado tiempo.

En setiembre de 2024, la fiscal Silvia Porteiro pidió su desafuero para indagarlo por estos hechos. Carrera no se amparó en sus fueros parlamentarios, gesto que en su momento fue leído como una señal de disposición a colaborar. Sin embargo, en los meses subsiguientes, su defensa ha intentado archivar el caso en dos oportunidades y, ahora, directamente pretende apartar a la fiscal actual.

El argumento esgrimido en la recusación es tan frágil como oportunista: se acusa a Fleitas de tener una supuesta “filiación política” con el oficialismo, basándose en manifestaciones públicas no especificadas. Con esa lógica, cualquier fiscal que no sea del agrado del acusado podría ser apartado, transformando el debido proceso en una carrera de obstáculos diseñada a la medida del imputado.

No se trata aquí de defender a una fiscal en particular, sino de advertir sobre una táctica peligrosa: poner en tela de juicio la legitimidad de quienes deben investigar, con el fin de erosionar la credibilidad del sistema judicial. Esta maniobra no es nueva y ha sido empleada por políticos de distintos signos cuando se ven acorralados por la justicia. Pero eso no la hace menos grave.

El Frente Amplio, en su conjunto, también debe asumir una postura clara. No alcanza con proclamar la defensa de las instituciones cuando se es oposición y relativizarla cuando uno de los suyos está en el banquillo. El valor de la democracia se mide precisamente en la disposición de todos los actores políticos a someterse a las mismas reglas, sin excepciones ni privilegios.

La ciudadanía espera que quienes han ocupado cargos públicos den explicaciones claras, sin victimizarse ni buscar atajos. Carrera aún tiene la oportunidad de enfrentar la investigación con transparencia, pero con cada paso que da hacia la deslegitimación del proceso, parece optar por el camino contrario.

En un país donde el Estado de derecho funciona, nadie está por encima de la ley. Y si hay algo que no se puede permitir, es que quienes han manejado poder político pretendan ahora deslegitimar a quienes deben juzgar si lo hicieron de forma legal. La justicia no debe ser rehén de los intereses partidarios ni de los temores de quienes la enfrentan.