Hay una señal preocupante cuando un gobierno necesita que el secretario de la Presidencia salga una y otra vez a explicar decisiones que ya provocaron desconcierto. La autoridad no debería construirse con conferencias aclaratorias. Debería sostenerse con decisiones claras, oportunas y coherentes.

Alejandro Sánchez quedó en el centro de dos controversias que exponen una misma debilidad política: primero intentó justificar el manejo del conflicto en el puerto de Montevideo; después salió a defender la decisión de ceder a Brasil el remanente de la cuota cárnica uruguaya para China. Son asuntos distintos. Pero ambos revelan un mismo patrón: el Gobierno parece correr detrás de los hechos.

En el puerto, la explicación fue que el Ejecutivo no perdió autoridad porque agotó el diálogo antes de imponer servicios mínimos. El problema es que esa defensa choca con la realidad que vivió el país. Si fue necesario decretar servicios mínimos fue porque el conflicto ya había escalado hasta comprometer el interés general. Y si, aun después de esa resolución, continuaron las dificultades operativas y las tensiones, cuesta aceptar que todo haya sido una demostración de fortaleza. El puerto no es una fábrica cualquiera. Es la principal puerta comercial del Uruguay. Cada jornada de incertidumbre repercute sobre exportadores, importadores, transportistas y trabajadores que nada tienen que ver con la disputa. Gobernar también consiste en comprender cuándo una negociación deja de ser privada para convertirse en un problema nacional. Pero si esa explicación dejó dudas, la segunda resultó todavía más difícil de digerir.

Fue el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva quien anunció públicamente que Uruguay había autorizado a Brasil a utilizar el excedente de la cuota uruguaya de exportación de carne hacia China. Recién después llegaron las explicaciones desde el gobierno uruguayo. 

Podrá argumentarse que se trata de un volumen limitado, que depende de la aprobación china o que la medida tiene efectos acotados este año. Todo eso puede ser cierto. Pero ninguna de esas explicaciones responde la pregunta esencial: ¿qué gana Uruguay entregando una ventaja comercial, aunque sea parcial, a un competidor directo en el principal mercado mundial de carne? Brasil no es un socio necesitado de auxilio. Es el mayor exportador mundial de carne vacuna. Uruguay, en cambio, construyó durante décadas una reputación basada en la diferenciación, la calidad y el acceso preferencial a mercados estratégicos. Precisamente por eso sorprende que una herramienta comercial uruguaya termine presentada como un beneficio para quien compite por los mismos compradores.

Más llamativo todavía es que el anuncio no surgiera desde Montevideo sino desde Brasilia. El relato quedó invertido: primero agradeció Lula; después explicó Uruguay. Y allí aparece el verdadero problema. Las explicaciones del secretario de la Presidencia parecen responder más a la necesidad de contener el costo político que a la voluntad de rendir cuentas. Cuando un gobierno debe aclarar constantemente que no perdió autoridad o justificar decisiones que otros anuncian primero, transmite una imagen de improvisación que erosiona confianza.

Los gobiernos tienen derecho a equivocarse. Lo que no pueden hacer es pretender que una explicación convierta automáticamente un error de comunicación o una decisión discutible en un acierto político. La credibilidad no se recupera con mejores argumentos después de los hechos. Se construye antes, con conducción firme, transparencia y decisiones que no necesiten ser reinterpretadas cada vez que generan rechazo.

Porque hay una diferencia fundamental entre gobernar y explicar. Y cuando las explicaciones empiezan a ocupar más espacio que las decisiones, es porque algo dejó de funcionar en la conducción del país.