La reciente resolución de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en el caso del doctor Álvaro Danza abrió una grieta profunda y preocupante: la idea —expresada entre líneas y asumida por algunos actores políticos— de que “lo político está por encima de lo jurídico”. Una frase incómoda, históricamente polémica, que en Uruguay resuena con ecos conocidos. 

No es casual que muchos recuerden que quien hizo célebre aquel razonamiento fue el propio José Mujica, cuando justificó decisiones que se apartaban del camino normativo para atender supuestas necesidades de oportunidad política. Aquella sentencia, por entonces resistida por amplios sectores, vuelve ahora a escena de la mano de un organismo cuyo mandato es exactamente lo contrario.

Y aquí radica lo más perturbador del fallo de la Jutep. No solo porque concluye que Danza —quien ahora , ayer por la tarde, se libero de atender en forma simultánea funciones en salud pública y privada, con superposiciones que la propia Constitución advierte como incompatibles— puede ejercer y permanecer en el cargo. Sino porque el fundamento en que se basa la resolución introduce una lógica impropia en una institución nacida para proteger la integridad pública: que lo político prime sobre lo jurídico.

¿Se justifica realmente ese desplazamiento? La respuesta, para quienes valoramos la institucionalidad democrática, es un rotundo NO. La política fija rumbos, interpreta realidades, construye consensos; pero es el derecho el que establece límites, frena abusos, garantiza equidad y evita que los intereses coyunturales contaminen la administración pública. 

Cuando lo político se ubica por encima de lo jurídico, la noción misma de ética pública se diluye.

El caso Danza expone esta tensión con crudeza. El voto discorde de Luis Calabria, representante de la oposición, recordó lo obvio: existe un marco normativo claro que impide desempeñar simultáneamente cargos que generen conflictos de intereses. Y ese marco no es opinable. Está allí para blindar la confianza ciudadana en que nadie puede estar “a ambos lados del mostrador”, gestionando desde el Estado mientras tiene intereses activos en el sector regulado.

La sorpresa generalizada no proviene de una diferencia de criterios —legítima en toda discusión jurídica—, sino del tono político que rodeó la decisión. Lo que debería ser un análisis técnico, apegado a la letra y al espíritu de la Constitución, quedó teñido por interpretaciones que parecen dar prioridad a la conveniencia del momento y no al estándar ético que la Jutep debe custodiar.

Y si la institución encargada de velar por la transparencia relativiza el peso de las normas, ¿qué queda para las demás esferas del Estado? ¿Qué mensaje se transmite a la ciudadanía que observa, cada vez con más desconfianza, cómo se resuelven los casos que involucran a jerarcas públicos?

Este episodio instala un precedente riesgoso: naturaliza que los órganos de control puedan apartarse de la ley cuando la decisión política así lo sugiera. Es un camino que erosiona la previsibilidad republicana y alimenta un clima donde los límites éticos se vuelven maleables. La democracia no solo se construye con votos; también —y sobre todo— con reglas que se aplican sin favoritismos.

Por eso cuesta aceptar que la Jutep, cuyo prestigio depende precisamente de la solidez jurídica de sus dictámenes, haya permitido que lo político desplace el análisis normativo en un caso tan sensible.

El país necesita lo contrario: instituciones que resistan la presión coyuntural y que den señales claras de que la ética pública no se negocia. De lo contrario, decisiones como la del caso Danza no solo resolverán un expediente puntual: terminarán habilitando un modo de actuar donde la política, mal entendida, pretende ubicarse por encima del derecho. Y ese es un camino que Uruguay no puede permitirse recorrer.