La reciente adquisición del Instituto Nacional de Colonización (INC) de 4.404 hectáreas en el departamento de Florida, por un monto de 32,5 millones de dólares, ha encendido una fuerte polémica política, administrativa y jurídica. Las cuatro observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas no son meros tecnicismos: revelan una preocupante sucesión de irregularidades y cuestionamientos éticos que comprometen la transparencia y la legalidad del accionar institucional.

En primer lugar, la decisión de compra fue adoptada sin cumplir con el requisito legal de contar con cuatro votos favorables en el Directorio del INC, una condición que la ley exige expresamente para adquisiciones directas de tierras. Este detalle no es menor: se trata de una omisión que pone en entredicho la validez misma del procedimiento. La urgencia o las motivaciones políticas —como el homenaje al ex presidente José Mujica invocado en el discurso del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez— no pueden estar por encima de las normas vigentes.

Más preocupante aún es que la compra se haya concretado sin la debida disponibilidad presupuestal. Según el Tribunal, el gasto no solo supera la asignación anual del organismo, sino que directamente no existían recursos habilitados para realizar semejante inversión. ¿Cómo se explica que un organismo estatal concrete una operación de esta magnitud sin respaldo financiero real? La falta de previsión y de responsabilidad presupuestaria es un síntoma grave de improvisación o, peor aún, de intencionalidad política por encima del interés institucional.

La situación se complica con una tercera observación: la existencia de una prenda sobre el sistema de riego de la estancia adquirida. No queda claro si esta carga fue contemplada en el precio de compra, un punto que añade más opacidad a una operación ya de por sí cuestionada. ¿Se está pagando de más por un campo que ni siquiera está libre de cargas? ¿Cuáles son las garantías para el Estado y, en última instancia, para la ciudadanía?

A esto se suma un componente político que no puede ignorarse. El ex director Eduardo Viera, impulsor de la compra, renunció formalmente al cargo, pero continuó actuando en el ejercicio del mismo. Esa ambigüedad funcional se da en paralelo con su condición de colono, lo que lo inhabilitaba para presidir el organismo. El nombramiento posterior de Alejandro Henry, productor de trayectoria, parece un intento de apagar el incendio, pero llega tarde y bajo sospecha.

Resulta preocupante que la oposición haya votado en contra de la compra —según trascendidos por motivos “políticos y económicos”— pero sin fundamentación explícita. La falta de argumentación pública por parte de los directores Amy y Manassi también debilita la transparencia del proceso de toma de decisiones dentro del INC.

La defensa emocional y simbólica de la adquisición —“En honor al viejo”, dijo Sánchez— no puede reemplazar la legalidad, la planificación ni el buen uso de los recursos públicos. Más aún cuando se trata de una operación millonaria que, en definitiva, es pagada por todos los contribuyentes.

Este caso pone en evidencia una peligrosa tendencia a politizar el accionar de los organismos del Estado. Colonización tiene una misión histórica fundamental: democratizar el acceso a la tierra y apoyar al pequeño productor. Si su accionar se contamina con intereses partidarios, homenajes personales o atropellos administrativos, se vacía de contenido su razón de ser.

Para mañana, viernes, se anuncia una sesión extraordinaria del Directorio para intentar “levantar las observaciones” del Tribunal. Sería más saludable que, en lugar de buscar justificar lo injustificable, el nuevo liderazgo del INC iniciara una revisión crítica de lo actuado. No solo está en juego la legalidad de una compra, sino la credibilidad de una institución clave para el desarrollo agrario del país y del propio gobierno nacional.