La pregunta sobre cómo está realmente la economía uruguaya no admite respuestas cómodas ni slogans tranquilizadores. Exige mirar los datos, contrastarlos con los discursos oficiales y, sobre todo, animarse a reconocer errores. Sin embargo, las recientes declaraciones del ministro de Economía, Gabriel Oddone, parecen ir en sentido contrario: más preocupadas por sostener un relato que por explicar una realidad que empieza a mostrar signos claros de desgaste.

Uno de los silencios más llamativos es el crecimiento económico. Uruguay creció el año pasado medio punto porcentual menos de lo que el propio gobierno había proyectado en el Presupuesto, aprobado hace apenas unos meses. No se trata de una desviación menor ni de una sorpresa estadística: es un error de diagnóstico con consecuencias concretas sobre la economía real y las cuentas fiscales. Cuando las proyecciones fallan tan rápido, lo que queda en evidencia no es mala suerte, sino supuestos mal calibrados y una lectura deficiente del contexto.

A esto se suma la llamada “sorpresa inflacionaria”, presentada por el ministro casi como un fenómeno externo, ajeno a las decisiones de política económica. Pero la inflación no cae del cielo. Parte del problema fue no haber incorporado en el Presupuesto las proyecciones del Banco Central del Uruguay, una omisión difícil de justificar en un país que pretende transmitir coordinación, profesionalismo y previsibilidad. Ignorar la información del propio organismo monetario no es un accidente: es una decisión política equivocada, cuyas consecuencias hoy pagan hogares y empresas.

Otro punto crítico, convenientemente esquivado, es la inversión. El año pasado Uruguay registró el nivel de inversión más bajo desde la pandemia. Para una economía pequeña y abierta, que necesita capital para crecer, generar empleo y diversificar su estructura productiva, este dato es alarmante. Sin inversión no hay crecimiento sostenido, no hay mejora del salario real ni del bienestar a largo plazo. Sin embargo, sobre este tema no hubo explicaciones, ni autocrítica, ni anuncios de medidas concretas para revertir la tendencia. Como si la inversión fuera una variable secundaria y no el verdadero motor del futuro económico del país.

Más grave aún es la negación sistemática de que exista un ajuste fiscal en marcha. El ministro insiste en que no lo hay, pero los hechos dicen lo contrario. Ya se adoptaron al menos siete medidas de ajuste fiscal, todas con el mismo denominador común: mayor carga sobre los contribuyentes. Tres impuestos nuevos incluidos en el Presupuesto, aumentos reales de tarifas de las empresas públicas, incrementos de los combustibles por encima del precio de importación, suba de los aportes al FONASA y la actualización de las franjas del IRPF y del IASS. En conjunto, estas medidas implican un aumento de la presión fiscal del orden de los 1.000 millones de dólares. Negar esta realidad no es una cuestión de interpretación: es desconocer el impacto concreto que ya sienten hogares y empresas.

Nada de esto fue es reconocido por el ministro Oddone. En su lugar, se repitió un discurso autosatisfecho, desconectado de la realidad, donde el ministro parece más enfocado en confrontar narrativas que en enfrentar problemas reales. Lejos de transmitir liderazgo, esa actitud expone debilidades e inseguridades en la conducción económica.

Uruguay no necesita ministros que confundan firmeza con soberbia. Necesita diagnósticos honestos, capacidad de rectificación y medidas claras para recuperar el crecimiento, incentivar la inversión y aliviar la presión sobre quienes producen y trabajan. Oddone acierta en una cosa: lo que está en discusión es el rumbo que plantea el gobierno. Ajuste fiscal encubierto, propuestas de corte sesentista y ausencia de una estrategia clara para crecer más y mejorar la vida de los uruguayos. Persistir en negar esa discusión no hará que los problemas desaparezcan; solo los hará más difíciles de corregir.