La decisión del gobierno de dejar de lado la propuesta de eliminar las AFAP y trasladar a un organismo estatal la administración de los más de 26.000 millones de dólares pertenecientes al ahorro previsional de los trabajadores uruguayos constituye, sin duda, una de las mejores noticias surgidas en el marco del Diálogo Social.

No porque el actual sistema sea perfecto. Está lejos de serlo y admite mejoras. Pero existe una diferencia sustancial entre corregir aquello que no funciona y poner en riesgo el patrimonio construido durante décadas por cientos de miles de trabajadores que, mes a mes, resignaron parte de su salario con la esperanza de alcanzar una jubilación más digna.

Ese dinero nunca fue del Estado. Nunca perteneció a los gobiernos de turno. Nunca fue un fondo disponible para financiar políticas públicas, cubrir déficits o sostener estructuras burocráticas. Es el fruto del esfuerzo de quienes trabajaron y confiaron en que esos aportes serían respetados hasta el momento de su retiro.

Por eso resultó preocupante que desde algunos sectores del Diálogo Social, con el respaldo del PIT-CNT, se impulsara la creación de un organismo estatal para administrar esos recursos. La propuesta fue presentada como una solución técnica, pero escondía una enorme concentración de poder económico en manos del Estado, precisamente del mismo Estado que tantas veces ha demostrado dificultades para administrar con eficiencia los recursos que ya maneja.

La desconfianza de miles de trabajadores no nació por un capricho ideológico. Se construyó sobre la experiencia. Los uruguayos han visto durante años empresas públicas con balances deficitarios, inversiones multimillonarias que terminaron costando mucho más de lo anunciado, organismos que aumentan permanentemente su gasto y administraciones que, independientemente del partido político de turno, no siempre han demostrado el rigor que exige el manejo del dinero de los contribuyentes.

Frente a esa realidad, ¿cómo podía pretenderse que la sociedad aceptara con tranquilidad entregar al Estado la administración de un patrimonio de 26.000 millones de dólares? El temor no era infundado. Era lógico. Era razonable. Porque cuando el dinero deja de tener un destino claramente identificado y pasa a formar parte de una gigantesca estructura estatal, siempre aparece el riesgo de que las urgencias del presente terminen desplazando las obligaciones del futuro.

La historia económica, dentro y fuera del país, demuestra que cuando los gobiernos encuentran grandes masas de recursos bajo su control, la tentación de utilizarlas para resolver problemas coyunturales suele ser enorme. Los fondos previsionales deben permanecer protegidos justamente de esa posibilidad. Son recursos con un único dueño: los trabajadores.

Es cierto que existen visiones ideológicas que desconfían de toda forma de capitalización individual y consideran que el Estado debe concentrar la totalidad del sistema previsional. Es una posición legítima para el debate político. Lo que no resulta aceptable es presentar ese camino como si no implicara riesgos o como si la administración estatal fuera, por definición, sinónimo de mayor seguridad y mejor gestión. La evidencia demuestra que esa afirmación carece de sustento. Por eso corresponde reconocer la decisión del Poder Ejecutivo de no avanzar por ese camino.

Gobernar también implica escuchar las señales de la sociedad y abandonar propuestas cuando generan más incertidumbre que certezas. Persistir únicamente por afinidad ideológica habría significado un grave error.

El ahorro previsional no puede convertirse en una caja financiera del Estado ni en una herramienta disponible para cualquier administración. Es un patrimonio privado con un destino específico, construido durante décadas por trabajadores que hicieron un esfuerzo personal para asegurar una vejez más tranquila. En un país donde con demasiada frecuencia se discute cómo gastar más, resulta saludable que, al menos en esta oportunidad, haya prevalecido un principio elemental: el dinero de los trabajadores pertenece a los trabajadores. Cuidarlo no es defender un modelo económico; es defender un derecho. Y cuando un gobierno decide respetarlo, corresponde decirlo con claridad. Esta vez, la rectificación fue la decisión correcta.