El conflicto en la Terminal Cuenca del Plata (TPC)  finalmente llegó a un principio de acuerdo. Después de meses de enfrentamientos, paros, interrupciones y una creciente preocupación de los operadores del comercio exterior, TCP y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines alcanzaron las bases de un convenio colectivo con una vigencia prevista de cinco años. Pero con el conflicto terminado no significa que el problema haya terminado. Porque el daño ya está hecho.

Y no hablamos solamente de las pérdidas económicas provocadas por las jornadas de paralización y por las dificultades para mantener una operativa normal. El problema más serio es otro: la confianza. Y en el negocio portuario internacional, la confianza vale tanto como una grúa, un muelle o una terminal moderna.

Cinco de las principales navieras del mundo —Maersk, ONE, CMA CGM, Cosco y Hapag-Lloyd— tuvieron que dirigirse al Poder Ejecutivo para advertir que la situación había generado un escenario de “extrema incertidumbre y parálisis”. Señalaron, además, que Uruguay comenzaba a ser percibido como un enclave logístico inseguro, inestable y poco confiable. Eso debió encender todas las luces de alarma.

Porque Uruguay no compite solamente con otros puertos. Compite por rutas, cargas, trasbordos, inversiones y decisiones empresariales que pueden trasladarse rápidamente hacia otros puntos de la región. Y mientras nosotros discutimos durante meses, Brasil y Argentina también buscan mejorar su competitividad portuaria, reducir costos y captar una mayor porción del movimiento regional.

No hay que engañarse: recuperar la normalidad operativa no equivale automáticamente a recuperar la credibilidad perdida. El propio gobierno había reconocido la gravedad de la situación al establecer servicios mínimos para garantizar la continuidad de la única terminal especializada de contenedores del país, señalando que las medidas gremiales estaban afectando el funcionamiento normal de una actividad de importancia trascendental para la producción y el comercio exterior.

Y aquí aparece una pregunta que no puede quedar archivada junto con el conflicto: ¿era necesario llegar hasta este punto? Porque tampoco estamos hablando de una actividad económica marginal. Estamos hablando de una pieza estratégica de la economía uruguaya. Cada día de incertidumbre portuaria puede repercutir sobre exportadores, importadores, transportistas, productores, industrias y trabajadores que nada tienen que ver con la disputa.

El salario de los trabajadores de TCP podrá ser materia de negociación y discusión sindical. Los derechos laborales son legítimos y deben ser respetados. Pero también existe otro derecho que no puede desaparecer del debate: el derecho de un país entero a tener un puerto operativo, competitivo, previsible y confiable. Y ese derecho pertenece a todos.

Ahora habrá que esperar que las instancias sindicales ratifiquen el acuerdo. Todo indica que se ha encontrado una salida, pero sería un grave error pensar que con una firma se borran los efectos de lo ocurrido.

El puerto deberá demostrar que vuelve a ser confiable. El gobierno deberá demostrar que aprendió que ciertos conflictos no pueden prolongarse indefinidamente cuando afectan un servicio estratégico. Y el sindicalismo deberá comprender que la defensa de los trabajadores pierde fuerza cuando las medidas terminan comprometiendo la actividad de la que dependen miles de empleos.

La tarea que comienza ahora es bastante más difícil que firmar un convenio: recuperar la confianza que durante meses estuvo en juego.