La reciente comparecencia del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, ante la Comisión de Asuntos Laborales del Senado dejó en evidencia algo más que un simple error de interpretación. Cuando el ministro afirmó que “no hay ningún artículo de la ley que impida tener afiliación obligatoria” a los sindicatos, no solo faltó a la verdad, sino que desnudó un preocupante desprecio por los principios constitucionales que rigen nuestro país.

Ese tipo de afirmación, salida de boca de un ciudadano común sin formación jurídica, podría excusarse en la ignorancia. Pero en un sindicalista con décadas de trayectoria y, más grave aún, en quien ocupa la cartera de Trabajo, se convierte en una mentira consciente. Castillo sabe —o debería saber— que la Constitución protege la libertad de pensamiento, de asociación y de conciencia de todos los ciudadanos, incluidos los trabajadores que deciden no afiliarse a un sindicato. El artículo 72 de la Carta Magna es terminante al señalar que los derechos no enumerados expresamente, pero inherentes a la personalidad humana o derivados de la forma republicana de gobierno, están plenamente vigentes. Entre ellos, sin duda, se encuentra la libertad de no ser obligado a integrarse a una organización sindical, social, política y de cualquier índole, máxime si es para acceder o mantener un puesto de trabajo. A ello se suman tratados internacionales ratificados por Uruguay que refuerzan la garantía de que la afiliación debe ser siempre voluntaria. Frente a este marco normativo, la afirmación del ministro no es otra cosa que humo. Castillo podrá ampararse en su título, su auto oficial y la gasolina que pagan todos los contribuyentes —también los no sindicalizados—, pero nada de eso le da la razón. Un ministro de Trabajo no puede darse el lujo de mentir ni de confundir.

El problema, sin embargo, no termina allí. Lo que subyace es una concepción torcida del rol de los sindicatos en el Uruguay contemporáneo. La Real Academia Española define “patota” como “grupo que suele darse a provocaciones, desmanes y abusos en lugares públicos”. No se trata de una exageración: buena parte del sindicalismo se ha transformado en eso mismo, en una patota amparada en su fuerza de hecho y en la impunidad que le concede la inacción de jueces y fiscales. Se toleran ocupaciones ilegales, se admiten bloqueos de empresas, se justifican agresiones verbales y físicas contra trabajadores que piensan distinto. El derecho al trabajo queda subordinado al capricho de grupos que se sienten intocables. Y como si fuera poco, los escándalos de corrupción en el manejo de dineros sindicales, aportados por los propios trabajadores, se multiplican sin que nadie rinda cuentas.

La tormenta perfecta está formada: un sindicalismo corporativo, que abusa de su poder; un Ministerio de Trabajo que lejos de defender a todos los trabajadores, se convierte en portavoz de una visión parcializada; y un sistema judicial que, por acción u omisión, deja pasar atropellos que lesionan derechos básicos.

Uruguay merece un sindicalismo fuerte, sí, pero también democrático, transparente y respetuoso de las libertades individuales. No una patota que impone por la fuerza su voluntad. Y mucho menos un ministro que, en lugar de defender la Constitución, se dedica a distorsionarla para justificar lo injustificable. Señor Castillo: las palabras tienen consecuencias. La suya fue una mentira peligrosa, porque pretende instalar la idea de que la libertad sindical puede convertirse en obligación sindical. Y eso no solo contradice nuestra Constitución, sino que hiere la esencia misma de la democracia. El país necesita menos humo y más respeto.