Hay problemas que no nacen de un gobierno ni terminan con un cambio de administración. Son procesos que se instalan lentamente, se vuelven costumbre y, cuando finalmente estallan, ya nadie puede fingir sorpresa. El crecimiento permanente del Estado uruguayo parece ser uno de esos casos.

El dato es sencillo y no pertenece ni a la izquierda ni a la derecha: la cantidad de funcionarios públicos ha aumentado con el paso de los años hasta superar los 300.000. Cada nuevo cargo implica salarios, estructura, oficinas, jubilaciones y un gasto que luego se incorpora como permanente. Lo paradójico es que esta advertencia no proviene de un crítico histórico del Estado, sino de Danilo Astori, quien durante años condujo la política económica del Frente Amplio y llegó a sostener que sobraban miles de funcionarios cuando la plantilla era sensiblemente menor.

El problema no es demonizar al empleado público. La enorme mayoría trabaja y cumple funciones necesarias. El verdadero problema es la lógica de expansión burocrática, donde cada dependencia encuentra argumentos para crecer, crear nuevas tareas, sumar cargos y perpetuar estructuras que rara vez se revisan con el mismo entusiasmo con que fueron creadas.

Mientras tanto, el Estado no fabrica riqueza. La recauda. Cada peso que gasta proviene del esfuerzo de trabajadores, comerciantes, productores y empresas que pagan impuestos, tarifas públicas, multas y recargos. Cuando eso no alcanza, aparece la deuda, que termina trasladándose a las próximas generaciones.

Las consecuencias empiezan a sentirse en toda la economía. Uruguay se vuelve más caro, invertir cuesta más y producir resulta menos competitivo.

En ese contexto sorprendieron las declaraciones del ministro de Economía, Gabriel Oddone, cuando afirmó que el país será caro "para siempre". Esa frase transmite resignación, como si el problema fuera una característica inevitable del Uruguay y no el resultado de decisiones que pueden corregirse.

Un país caro no es un destino. Es una consecuencia. Si no se corrigen las causas, seguirá siendo cada vez más caro.

Tampoco ayudó otra definición del propio ministro al señalar que el gobierno "no está mandatado" a reducir el gasto público. Esa afirmación deja una sensación inquietante: si ni siquiera existe disposición para combatir el despilfarro, ¿cuándo comenzará la discusión sobre la eficiencia del Estado? Nadie puede sostener seriamente que en una estructura de este tamaño no existan gastos innecesarios, duplicaciones o burocracias prescindibles.

La reciente Rendición de Cuentas, además, vuelve a incrementar el gasto en decenas de millones de dólares. Es decir, lejos de contener la expansión, el globo continúa inflándose.

Sería injusto cargar toda la responsabilidad sobre el actual gobierno. Durante administraciones de distintos partidos el Estado también siguió creciendo. Esa continuidad demuestra que el problema es más profundo que una disputa electoral: existe una inercia política que vuelve mucho más sencillo crear gasto que eliminarlo.

Uruguay necesita un Estado fuerte, pero fuerte no significa enorme. Fuerte significa capaz de brindar buena educación, seguridad eficaz, justicia rápida y salud de calidad. Un Estado lleno de músculo institucional y no de grasa burocrática. Porque cuando el gasto crece más rápido que la riqueza, llega un momento en que la realidad presenta la cuenta. 

La historia de muchos países demuestra que los ajustes postergados no desaparecen: simplemente se vuelven más dolorosos. La verdadera discusión no es si habrá que hacer reformas.  La pregunta es si Uruguay elegirá hacerlas a tiempo o esperará, una vez más, a que la urgencia haga por la fuerza lo que la política no quiso hacer por convicción. Todo indica, hoy por hoy, que el camino más factibles, es este último…