Uruguay no puede seguir siendo rehén de conflictos sindicales que, bajo la bandera de la defensa de los derechos laborales, terminan lesionando intereses muy superiores: los del conjunto de la sociedad y los del propio futuro económico del país. Una vez más, sectores estratégicos vuelven a quedar en el centro de la polémica. Los controladores aéreos generan incertidumbre sobre el funcionamiento del principal aeropuerto del país afectando la actividad turística, mientras en el puerto de Montevideo los trabajadores de la terminal especializada de contenedores amenazan con una huelga por tiempo indeterminado, poniendo en jaque una actividad vital para el comercio exterior uruguayo.

No se trata de conflictos menores. Se trata de dos puertas de entrada y salida del Uruguay. Allí se juega buena parte de la imagen del país, de su confiabilidad y de su capacidad para competir en un mundo donde las inversiones y las rutas comerciales no esperan a nadie. Nadie cuestiona el derecho de los trabajadores a negociar o incluso adoptar medidas gremiales cuando las circunstancias lo justifican. Pero convertir ese derecho en un instrumento para paralizar actividades esenciales, sin medir las consecuencias sobre el resto del país, constituye un ejercicio irresponsable del poder sindical.

Porque eso es lo que muchas veces se omite deliberadamente: los perjuicios no recaen sobre los gobiernos ni exclusivamente sobre las empresas. Los paga todo el Uruguay. Los paga el exportador que pierde mercados por incumplimientos en los embarques. Los paga el productor agropecuario que ve retrasada la salida de su mercadería. Los paga el transportista. Los paga el pequeño comerciante. Los paga el trabajador del turismo que depende de que los vuelos lleguen con normalidad. Los paga el hotelero, el gastronómico, el taxista, el guía turístico y, en definitiva, cada ciudadano cuya economía depende de un país funcionando.

En el caso del puerto, el escenario resulta todavía más difícil de comprender. La terminal de contenedores es objeto de una de las mayores inversiones privadas realizadas en los últimos años, impulsada por capitales belgas que apuestan por ampliar instalaciones, incorporar tecnología de última generación y aumentar la capacidad operativa del principal puerto uruguayo.

Mientras esos inversores destinan cientos de millones de dólares al desarrollo del puerto, desde algunos sectores sindicales la respuesta vuelve a ser la amenaza de paralizar la actividad. ¿Qué mensaje recibe un empresario extranjero que analiza invertir en Uruguay? La respuesta es evidente: que aquí las reglas pueden verse alteradas en cualquier momento por conflictos capaces de detener sectores estratégicos durante días o semanas.

Después nos preguntamos por qué muchas inversiones eligen instalarse en otros países. La competencia regional es feroz. Los puertos argentinos y brasileños disputan cargas todos los días. Los aeropuertos buscan atraer nuevas frecuencias y consolidar rutas internacionales. Mientras nuestros vecinos ofrecen estabilidad y eficiencia para captar negocios, en Uruguay seguimos discutiendo si es razonable detener la actividad nacional para sostener reclamos que, muchas veces, podrían resolverse mediante el diálogo y la negociación.

Lo más preocupante es que algunos dirigentes sindicales parecen haber perdido de vista que sin empresas no hay trabajadores; sin inversión no hay empleo; sin competitividad no hay salarios que puedan sostenerse en el tiempo. Ha llegado el momento de discutir las responsabilidades. Los derechos existen, pero no son absolutos cuando afectan derechos de terceros y comprometen intereses nacionales. El país necesita  entender y ser conscientes de que vivimos ante desafíos que exigen equilibrio, sensatez y visión de futuro.

Porque la prosperidad no se construye paralizando puertos ni generando incertidumbre en los aeropuertos. Se construye trabajando, produciendo, invirtiendo y generando confianza. Uruguay necesita recuperar una cultura del acuerdo por encima de la confrontación permanente. De lo contrario, seguirá expulsando oportunidades, inversiones y empleo, mientras otros países de la región aprovechan aquello que aquí, por mezquindades corporativas y falta de visión estratégica, dejamos escapar.