El Congreso de la Federación Rural realizado el pasado fin de semana dejó una sensación tan conocida como preocupante. Quienes siguen desde hace años la realidad del sector agropecuario pudieron comprobar que buena parte de los reclamos planteados hoy son exactamente los mismos que se escuchaban hace diez, veinte o incluso treinta años.

Cambian los gobiernos, cambian los ministros, cambian los discursos y las prioridades políticas, pero los problemas estructurales permanecen prácticamente intactos. El elevado costo país, la excesiva burocracia estatal, la presión tributaria, los combustibles caros, las dificultades de infraestructura y la falta de respuestas eficientes ante problemas sanitarios siguen formando parte de una agenda que parece condenada a repetirse indefinidamente. Lo más preocupante no es que el sector reclame. Lo verdaderamente alarmante es que tenga que seguir reclamando siempre por las mismas cosas.

Uruguay continúa siendo un país caro para producir. Y esa realidad no es fruto de la casualidad. Es consecuencia de un Estado que durante décadas ha crecido más de lo necesario, acumulando estructuras, organismos, trámites y gastos que terminan trasladándose a quienes generan la riqueza que sostiene al país.

Mientras nuestros competidores buscan reducir costos, agilizar procedimientos y mejorar la productividad, Uruguay sigue cargando sobre los hombros de sus sectores productivos el peso de una maquinaria estatal pesada, lenta y muchas veces desconectada de las necesidades reales de quienes trabajan, invierten y producen.

El problema no afecta únicamente al productor agropecuario. Cuando el campo pierde competitividad, pierde el Uruguay entero. Menos rentabilidad significa menos inversión, menos empleo, menos movimiento comercial en el interior y menos crecimiento económico para el conjunto de la sociedad.

Por eso resulta un error interpretar los planteos de la Federación Rural como simples demandas corporativas. El agro sigue siendo el principal generador de exportaciones, de divisas y de actividad económica del país. Es, además, uno de los sectores que ha demostrado mayor capacidad de adaptación, eficiencia y modernización en las últimas décadas.

Paradójicamente, muchas veces se le exige al productor rural que sea competitivo a nivel internacional mientras el propio Estado mantiene condiciones internas que conspiran contra esa competitividad.

La discusión adquiere todavía mayor relevancia ante las oportunidades que podrían abrirse con el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. Más allá de las incertidumbres, restricciones y medidas proteccionistas que algunos países europeos continúan impulsando, la eventual ampliación de mercados representa una oportunidad importante para Uruguay.

Sin embargo, ningún acuerdo comercial puede compensar indefinidamente los sobrecostos internos. Los mercados se conquistan con calidad, eficiencia y competitividad. Las puertas pueden abrirse, pero de poco sirve hacerlo si quienes deben atravesarlas llegan cargando desventajas que otros competidores no tienen.

El gobierno tiene la responsabilidad de escuchar con atención el mensaje surgido del Congreso de la Federación Rural. No se trata de otorgar privilegios ni de favorecer a un sector por encima de otros. Se trata de comprender que el desarrollo nacional depende en gran medida de la capacidad de producir, exportar y generar riqueza.

Uruguay necesita un Estado moderno, eficiente y consciente de las limitaciones que enfrentan quienes sostienen buena parte de la economía nacional. Un Estado que acompañe en lugar de obstaculizar, que facilite en lugar de complicar y que entienda que detrás de cada productor hay empleo, inversión y oportunidades para miles de familias.

Los reclamos del campo no son nuevos. Precisamente por eso deberían preocupar más. Porque cuando un país escucha durante décadas las mismas advertencias y no logra resolverlas, el problema ya no está en quienes reclaman. Está en quienes siguen sin atenderlos.