El Puerto de Montevideo vuelve a ser escenario de paros, interrupciones y amenazas de nuevas medidas que afectan su operativa. Una vez más, el eje del conflicto es la exigencia sindical de asegurar a todos los trabajadores de la principal terminal portuaria del país un mínimo mensual de 13 jornales, un reclamo que ya ha sido planteado, discutido y rechazado en ámbitos de negociación anteriores. 

Sin embargo, lejos de agotarse en la mesa de diálogo, la demanda reaparece acompañada de medidas que paralizan la actividad.

Más allá de la justicia o no del reclamo, que puede y debe discutirse en el marco institucional correspondiente, lo que resulta inadmisible es que el puerto, pieza clave de la economía nacional, sea utilizado como herramienta de presión recurrente. 

El Puerto de Montevideo no es un enclave sectorial ni una empresa privada más: es la puerta de entrada y salida de las principales exportaciones e importaciones del Uruguay. Cada hora de inactividad impacta en cadenas logísticas, compromisos comerciales, costos empresariales y, en definitiva, en la credibilidad del país.

Uruguay compite en la región por atraer cargas, inversiones y servicios logísticos. En ese escenario, la previsibilidad es un activo tan valioso como la infraestructura. Los exportadores de carne, soja, arroz o celulosa no pueden quedar a merced de conflictos reiterados. 

Tampoco los importadores que dependen de insumos críticos para la industria, el comercio o la salud. Cuando un barco se retrasa, cuando una carga no se mueve, cuando un contenedor queda detenido, el daño no se limita al muelle: se extiende a todo el entramado productivo.

La reiteración de paros por una misma exigencia ya rechazada erosiona, además, la cultura de la negociación colectiva. El derecho a la huelga es legítimo y está consagrado. Pero como todo derecho, no es absoluto. Cuando su ejercicio afecta intereses generales de la nación, debe ponderarse con responsabilidad. No se trata de negar reivindicaciones laborales, sino de reconocer que el interés nacional está por encima de cualquier sector, por legítimo que este sea.

El Estado y especialmente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, no puede limitarse a ser espectador. Tiene la obligación de garantizar la continuidad de servicios estratégicos y de enviar señales claras a los mercados internacionales. 

Para ello, si es necesario, como lamentablemente no se hizo en el recordado conflicto de la pesca en plena época de zafra, si es necesario, no debería temblar el pulso y decretar la esencialidad y asi dar la seguridad y garantías. Porque se debe entender y comprender, que  si el Puerto de Montevideo se percibe como un punto inestable, las cargas buscarán otras alternativas en la región. Algo que si se da, recuperarlas luego será mucho más difícil que haber evitado su partida.

Uruguay ha construido durante décadas una reputación de seriedad institucional y confiabilidad. Esa reputación no es abstracta: se sostiene en hechos concretos, en compromisos cumplidos y en reglas claras. Cada paro reiterado en el puerto, cada conflicto que se arrastra sin solución, va minando ese capital.

Es tiempo de responsabilidad. De diálogo firme, pero también de límites claros. El puerto no puede ser rehén de una disputa que, por legítima que sea en su origen, no puede imponerse por la vía de la paralización sistemática. El interés nacional exige que la principal terminal portuaria del país funcione con normalidad. Porque cuando el puerto se detiene, se detiene mucho más que una grúa: se resiente el país entero y se ahuyenta al gran y necesario objetivo de ser el “hub” portuario regional, con todos los beneficios que ello generaría, especialmente con un movimiento económico laboral que en este presente, vaya si son necesarios y deseables para que este mismo gobierno que no actúa, necesita para generar el crecimiento y atender ese sostenido compromiso de asistencialismo social de que tanto hacen gala y para lo cual se necesitan recursos, que ya no se pueden seguir pretendiendo seguir sacando de la gente, como hasta ahora notoriamente se ha dado, con un duro ajuste encubierto que se desarrolla mediante abultadas tarifas que superan a la inflación de precios que vive el país.